El Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, como parte del proceso que enfrenta por presunto lavado de activos, agrupación ilícita y otros delitos vinculados al caso Lava Jato. La medida fue dispuesta por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, a solicitud del Ministerio Público, ante el próximo inicio del juicio oral.
Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que existe un riesgo procesal y de fuga, debido a la gravedad de los cargos y la cercanía del juicio programado para el 23 de septiembre. Villarán es acusada de recibir aportes irregulares de las empresas Odebrecht y OAS para su campaña por el “No” a la revocatoria en 2013 y su posterior reelección en 2014.
El juez consideró fundada la solicitud fiscal y ordenó la medida máxima permitida por ley: 36 meses. No obstante, rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez de prohibir a Villarán comunicarse con coacusados o testigos, decisión que será apelada. La exburgomaestre participó en la audiencia por videollamada y declaró que respetará lo dispuesto por el Poder Judicial.
Villarán negó cualquier intención de fugar del país y aseguró cumplir con todas las medidas de control impuestas. Con esta resolución, el caso que involucra a una de las figuras más reconocidas de la política limeña avanza hacia su fase de juzgamiento, mientras el Ministerio Público intensifica su ofensiva judicial en el marco del caso Lava Jato Perú.