El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) recordó este martes que si bien la protesta pacífica está amparada por la Constitución, el bloqueo de carreteras afecta gravemente derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la salud, el trabajo y la educación. Además, advirtió que estas acciones pueden configurar delitos con penas de hasta 15 años de prisión, según lo estipulado en el Código Penal.
Desde el punto de vista legal, los bloqueos limitan el derecho al libre tránsito —garantizado en el artículo 2, numeral 11 de la Constitución— y vulneran el derecho de la población a vivir en paz, con acceso a servicios básicos. El Ministerio enfatizó que impedir el paso de ambulancias, escolares o trabajadores representa una amenaza directa a la integridad de quienes no participan en la protesta.
Entre las consecuencias legales, se menciona el delito de entorpecimiento de servicios públicos, con sanciones de hasta 6 años de prisión, y la extorsión mediante violencia o amenaza con penas de entre 5 y 10 años, e incluso cadena perpetua si hay toma de rehenes. También se señala que no solo los manifestantes pueden ser procesados, sino también quienes financian o proveen recursos para las acciones violentas.
El MINJUSDH hizo un llamado a ejercer el derecho a la protesta de manera responsable y dentro del marco legal, recordando que existen canales institucionales para atender demandas sociales sin recurrir a medidas que afecten a terceros. “Las protestas no deben convertirse en escenarios de violencia ni en actos que perjudiquen a la mayoría”, finaliza el pronunciamiento.
