El Decreto Supremo N° 134-2025-EF, firmado por la presidenta Dina Boluarte, autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. El objetivo de esta medida es destinar hasta S/ 400 millones para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución. Estos recursos serán distribuidos entre diversos pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos regionales, excluyendo al Sector Educación.
El proceso de transferencia se articula en dos grandes bloques: uno para el pago de deudas judiciales fuera del sector educativo, y otro para las sentencias que corresponden al Sector Educación. Cada uno de estos montos será asignado a los gobiernos regionales y al Gobierno Nacional a través de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, y bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
El Decreto Supremo establece un procedimiento claro para la desagregación de los recursos autorizados. Los pliegos habilitados deberán aprobar la desagregación de los montos dentro de los primeros cinco días calendario desde la vigencia del dispositivo legal. Esta medida busca garantizar la ejecución oportuna del pago de las sentencias, impulsando la reactivación judicial de casos que aún están en ejecución o pendientes de cumplimiento por parte del Estado.
Por último, se resalta que los recursos transferidos no podrán ser destinados para fines distintos a los establecidos en el decreto, asegurando así el cumplimiento estricto de los pagos de sentencias judiciales. La normativa también incluye la publicación de los anexos que detallan los montos y pliegos habilitados, accesibles en las sedes digitales del MEF y el MINJUSDH.