Hace unos días se conoció de manera oficial que el Gobierno decidió ampliar el plazo para que los pequeños mineros y mineros artesanales completen su proceso de formalización. El nuevo plazo, que será por única vez, vence el 31 de diciembre de este año, según el Decreto Supremo Nº 012-2025-EM publicado el 29 de junio. La medida busca presentarse como una oportunidad para culminar los trámites pendientes en el Registro Integral de Formalización Minera, conocido también como Reinfo. Pero según expertos, esta nueva extensión no soluciona los cuellos de botella que han impedido una formalización efectiva durante más de una década.
El decreto establece que la prórroga aplica exclusivamente a quienes ya están inscritos en el Reinfo y tienen su registro vigente, o a quienes tienen la inscripción suspendida por un máximo de un año, hasta el 30 de junio de 2025. También reitera las razones por las que un minero puede quedar fuera del proceso, como trabajar fuera del área permitida. Advierte, además, que quienes no cumplan los requisitos serán excluidos de forma definitiva en esa fecha.
Lo que no menciona el decreto, y que también fue advertido por el abogado especializado en derecho ambiental, César Ipenza, es una línea sobre la exención penal mencionada durante la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida en abril pasado, la cual marcó un hito en la discusión legal sobre el Reinfo.
¿A qué nos referimos exactamente? Desde hace algunos años, una norma (el Decreto Legislativo 1351) protege a quienes están inscritos en el Reinfo de ser procesados penalmente por el delito de minería ilegal mientras dure su proceso de formalización. En la práctica, esto funciona como un “escudo legal”. Y como las prórrogas del Reinfo se han venido extendiendo una tras otra, este mecanismo ha permitido que muchas operaciones ilegales sigan funcionando durante años sin ser intervenidas.
Exhortaciones ignoradas
En abril, el TC, por mayoría, declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra los artículos 1 y 2 de la Ley 31388, que prorrogaba la vigencia del Reinfo. A pesar de ello, exhortó en su sentencia expresamente a los poderes del Estado a no seguir promoviendo normas que otorguen exoneraciones de responsabilidad penal, civil o administrativa en el marco del proceso de formalización minera, ni en regímenes transitorios ni como parte de políticas públicas permanentes.
El TC subrayó que el Estado no puede generar normas que perdonen delitos ambientales cometidos por mineros en proceso de formalización. También advirtió que una prórroga indefinida del régimen transitorio debilita la seguridad jurídica, pone en riesgo el ambiente y afecta la gobernabilidad. “No resulta constitucionalmente amparable que se regule un marco de exención penal, referido a los delitos ambientales, en ningún proceso de formalización minera”, se lee en los fundamentos.
La omisión del decreto frente a estas exhortaciones ha generado preocupación entre expertos y juristas. De hecho, Luz Pacheco, presidenta del TC y una de las magistradas que votó por declarar fundada la demanda, declaró recientemente durante un coloquio sobre derecho ambiental que existe la posibilidad de presentar una acción popular para retirar del ordenamiento jurídico el nuevo decreto supremo. Sus declaraciones refuerzan la postura del TC sobre la urgencia de avanzar hacia un nuevo sistema de formalización minera.
Por su parte, Ipenza en declaraciones a RPP señala que: “El Ejecutivo ha mantenido un silencio cómplice que permite que esta situación se siga extendiendo”, y añade “nos dicen que esta será la última vez, pero discrepo, porque en el Congreso de la República el pre dictamen de la nueva Ley MAPE que reemplazaría este régimen sigue siendo más de lo mismo. Solo que ahora ya no se llama REINFO, sino Registro de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y no contempla mayores exigencias. Así, seguiremos viendo una situación de impunidad, donde un minero puede contaminar, destruir bosques y afectar la vida de las personas”.
Trabas legales y estructurales
En entrevista con Inforegión, Dante Vera, analista de riesgos y director de V&C Analistas, explica que la ampliación realizada por el Ejecutivo no es ilegal, ya que se encuentra dentro del marco previsto por la Ley MAPE aprobada en 2024, que autorizaba una extensión adicional por parte del Gobierno. No obstante, señala que la prórroga ignora el problema de fondo, el cual tiene que ver con la falta de contratos entre los pequeños mineros y los titulares de las concesiones. “Cerca del 92% de los mineros en proceso de formalización no tienen las concesiones a su nombre”, explica Vera. “Están explotando recursos de terceros”.
Esta situación también fue advertida por Máximo Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), durante una entrevista con Inforegión. “La formalización no depende del minero artesanal, sino de los titulares de las concesiones, quienes no quieren firmar los contratos de explotación”, denunció en noviembre del año pasado.
Este problema representa un obstáculo mayúsculo para avanzar en la formalización, ya que uno de los requisitos centrales del proceso es la existencia de un contrato de explotación entre ambas partes. “Después de más de diez años, no se han firmado contratos en número significativo. Los titulares no quieren firmar y el Estado no puede obligarlos. Eso ha trabado todo”, advierte Vera.
Según los datos disponibles, hay más de 85 000 personas inscritas en el Reinfo, de las cuales solo unas 20 000 tienen procesos activos. Más de 60 000 están suspendidos. “A diciembre de 2025, podríamos tener solo 20 000 formalizados en el mejor de los casos, y más de 60 000 fuera del régimen, declarados ilegales”, advierte Vera. Ello sin contar a los miles de mineros que operan sin estar inscritos en el Reinfo y que podrían quedar igualmente expuestos a sanciones.
¿Qué es lo que se viene?
El decreto establece que el 31 de diciembre de 2025 será la fecha límite para concluir el proceso de formalización minera a través del Reinfo. Sin embargo, aún no hay claridad sobre qué ocurrirá con los miles de mineros que no logren completar su regularización a tiempo.
Según el análisis del especialista Dante Vera, cerrar el Reinfo sin haber resuelto los problemas estructurales del proceso podría desencadenar una nueva crisis social. La falta de alternativas claras para quienes quedarán fuera del sistema legal podría traducirse en protestas, bloqueos y conflictos en regiones mineras como La Libertad o Cotabambas, donde ya se registran movilizaciones. El riesgo de una escalada social aumentaría en un escenario donde el Estado no tiene, hasta ahora, una estrategia definida para responder a esta situación.
Ante este escenario incierto, el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, al que pertenece Vera, plantea dejar atrás el enfoque transitorio del Reinfo y avanzar hacia un sistema de autorizaciones permanente, basado en la Ley General de Minería pero adaptado a la realidad de la pequeña minería y minería artesanal. Un componente clave de esta transición sería la implementación de un sistema de trazabilidad del oro, que permita seguir el recorrido del mineral desde su extracción hasta su exportación.
El especialista destaca que para enfrentar la ilegalidad se requiere distinguir con claridad los escenarios. En el caso de organizaciones criminales que operan en zonas prohibidas, como áreas naturales protegidas o fuentes de agua, no cabe ninguna negociación, la intervención debe ser inmediata. En cambio, cuando los mineros informales trabajan sobre concesiones de terceros, considera que aún es posible buscar mecanismos de diálogo y acuerdos, siempre que se respeten los derechos de los titulares y se avance hacia una formalización con reglas claras.
“Todo eso se puede ordenar mejor si existe un sistema de trazabilidad bien diseñado, que permita identificar dónde está la ilegalidad, ya sea en la extracción, en las plantas de beneficio o en las empresas exportadoras que operan sin control, y actuar de manera más efectiva”, sostiene.
Una ruta incierta
El Gobierno ha vuelto a extender un régimen transitorio que, tras más de una década de vigencia, ha demostrado ser insuficiente para resolver los problemas estructurales de la minería informal en el país. Además, como mencionamos, esta nueva prórroga omite las advertencias del Tribunal Constitucional, que ya ha cuestionado el uso prolongado del Reinfo como mecanismo de formalización. Para Vera, el debate ya no debería centrarse en si se amplía o no el plazo, sino en qué hará el Estado con los miles de mineros que, pese a los años transcurridos, siguen sin poder formalizarse.
Desde el sector empresarial, también se dieron críticas. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) rechazó públicamente la ampliación del Reinfo calificándola como un “retroceso” que debilita el proceso de formalización minera y prolonga la permisividad hacia la informalidad. Julia Torreblanca, presidenta del gremio, advirtió que el Reinfo “se ha convertido en un escudo para la ilegalidad” y exhortó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a asumir su rol fiscalizador con mayor firmeza. También alertó que esta nueva prórroga podría usarse como pretexto para seguir postergando la promulgación de la Ley MAPE, un marco normativo esperado desde hace meses y clave para superar la etapa transitoria.
Comunidades del Nanay denuncian inacción estatal frente a la minería ilegal
Hace unos días también se dio a conocer que 33 comunidades indígenas de la cuenca del río Nanay denunciaron al Estado peruano ante la Comunidad Andina por su inacción frente al avance de la minería ilegal en sus territorios. Exigen que el Estado cumpla con la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal. La denuncia se presentó luego de que un estudio revelara niveles alarmantes de mercurio en poblaciones ribereñas e indígenas del Alto Nanay, superando los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El informe, elaborado por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) en colaboración con la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú (FZS Perú), se centró en seis comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Nanay y Pintuyacu, este último también afectado por actividades mineras en Loreto.
Los resultados son preocupantes: los niños de entre 0 y 4 años registraron el valor medio más alto de mercurio, con 12.99 mg/kg, dentro de un rango que va de 6.31 a 20.70 mg/kg. Mientras, las mujeres mayores de 65 años presentaron el segundo valor medio más elevado, con 12.05 mg/kg, en un rango de 6.10 a 15.08 mg/kg.