Recientemente fue presentado el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). A pesar de que señala una reducción general en las hectáreas de cultivos de coca en nuestro país, el informe vuelve a exponer una situación alarmante: los cultivos ilegales de hoja de coca siguen avanzando dentro de los territorios más sensibles del Perú, como las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus zonas de amortiguamiento (ZA). En este informe analizamos cómo avanzan estos cultivos en estas zonas protegidas y por qué deberíamos prestar atención a este fenómeno.
Antes de empezar, es importante entender que las ANP son espacios que cuentan con reconocimiento legal como patrimonio de la Nación, y cuyo propósito es conservar la biodiversidad, así como los valores culturales, paisajísticos y científicos. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) es la entidad encargada de su gestión. Su mandato está respaldado por la Ley n.º 26834, el cual exige que “su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad”.
No obstante, la realidad en campo muestra una tensión constante entre los esfuerzos de conservación y el avance de actividades ilícitas. Según el informe, durante el año pasado se reportaron 328 hectáreas de coca cultivadas en el interior de áreas protegidas y 14 102 hectáreas en sus ZA. Para dimensionar el problema, basta una imagen. Si pensamos que una hectárea equivale a 10 000 metros cuadrados y que un estadio como el Nacional del Perú, incluyendo tribunas y estructuras, ocupa en promedio 1.75 hectáreas, el resultado es sorprendente.
Esas más de 14 000 hectáreas de coca cultivadas en zonas de amortiguamiento equivalen, en espacio, a más de 8000 estadios como el Nacional del Perú completamente llenos de plantaciones. Espacios que deberían actuar como cinturones de protección para la biodiversidad, hoy están cediendo frente al avance del narcotráfico.
¿Por qué importan las zonas de amortiguamiento?
Las zonas de amortiguamiento (ZA) no son simplemente áreas adyacentes a los parques o reservas. Aunque no forman parte directa del corazón de las áreas naturales protegidas, su función es importante. Se denominan ZA a las franjas territoriales colindantes que actúan como un colchón que protege los ecosistemas del interior frente a las actividades humanas más intensas que ocurren fuera de ellas.
“La importancia de estas áreas radica en su papel fundamental para preservar ecosistemas únicos, mitigar los efectos del cambio climático, proteger fuentes de agua y promover el desarrollo sostenible de las comunidades locales”, señala textualmente el informe.
En palabras simples, ayudan a que el impacto de actividades como la deforestación, la expansión de cultivos o la construcción no llegue con fuerza al interior del área protegida. Son una especie de franja de defensa ecológica y social.
Por eso, que la coca avance sobre estos territorios no es un detalle menor. Su presencia genera deforestación, daña los suelos y muchas veces abre la puerta a otros problemas graves como la tala ilegal, la minería informal o la violencia relacionada al narcotráfico. Además, cambia la vida de las comunidades vecinas, que muchas veces terminan atrapadas en estas economías ilegales o bajo presión de grupos criminales.
Bahuaja Sonene bajo presión otra vez
El Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado entre Madre de Dios y Puno, se ha convertido en el principal foco de cultivos ilegales de coca dentro de áreas protegidas del país. Según el informe de Devida, de las 328 ha de coca detectadas dentro de seis áreas naturales protegidas, el 80 % están concentradas en este parque. Y si sumamos su zona de amortiguamiento, la cifra crece todavía más: allí se reportan otras 5580 hectáreas cultivadas. En total, Bahuaja Sonene alberga unas 5908 ha de coca, lo que equivale a más de 3370 estadios nacionales completamente cubiertos de plantaciones ilegales.
Este territorio es hoy el más afectado del Perú por la expansión de la coca en zonas protegidas. Pero no es un problema nuevo. Ya en 2023, Inforegión advirtió que Bahuaja Sonene encabezaba la lista de áreas protegidas más impactadas por estos cultivos.
Entre 2020 y 2024, la superficie sembrada en esta zona aumentó un 21 %, pasando de 4 843 a 5 844 hectáreas. Aunque el ritmo de crecimiento anual se ha desacelerado, la situación sigue siendo crítica. El distrito de San Pedro de Putina Punco, en Puno, concentra el 79 % de estos cultivos. Solo en este distrito hay 264 hectáreas dentro del parque y otras 4339 en su zona de amortiguamiento.
El informe también revela un patrón preocupante. Si bien en Putina Punco se redujo la superficie cultivada en 108 hectáreas respecto al año anterior (2023), en los distritos vecinos (Ayapata, Alto Inambari e Inambari, este último en Madre de Dios) los cultivos aumentaron entre 20 y 203 hectáreas. Es decir, la coca no desaparece, sino que se está moviendo de lugar.
Cordillera Azul: más del doble de coca en cinco años
Otro caso grave es el del Parque Nacional Cordillera Azul, donde toda la coca identificada se ubica en su ZA. La superficie pasó de 947 ha en 2020 a 2916 ha en 2024, lo que equivale a un crecimiento del 208 % en cinco años. Aunque en el último año hubo una ligera caída de 74 ha, esto no cambia la tendencia general.
En 2024, cuatro distritos concentran el 68 % de la coca en esta zona: Vargas Guerra (454 ha), Huimbayoc (483 ha), Curimaná (487 ha) y Padre Abad (555 ha). Ocho de los catorce distritos con presencia de cultivos mostraron aumentos en su superficie respecto al año anterior.
Además de formar parte de un ecosistema con una altísima diversidad biológica, esta zona está habitada por comunidades que dependen de actividades sostenibles como la pesca, la agroforestería y el turismo. La expansión de los cultivos de coca pone en riesgo esas formas de vida, ya que puede afectar los recursos naturales de los que dependen y desplazar las economías locales hacia circuitos ilegales.
Asháninka y El Sira: reservas comunales afectadas
El informe también alerta sobre la situación en dos reservas comunales: Asháninka y El Sira. En la ZA de la primera, ubicada en los departamentos de Junín y Cusco, se contabilizaron 1528 ha de coca, lo que representa un aumento del 169 % respecto a 2020. El 69 % de esta superficie está en el distrito de Río Tambo (Satipo), donde hubo una leve reducción de 32 ha en comparación con 2023. Aun así, la presencia de coca se mantiene estable.
En la Reserva Comunal El Sira y su ZA, se reportaron 913 ha cultivadas. Aunque hubo una disminución del 29.4 % respecto al año anterior, el informe advierte que las reducciones se concentraron en seis de los siete distritos monitoreados, mientras que uno de ellos, Tournavista, incrementó su superficie. En esta zona, los distritos de Yuyapichis, Constitución y Puerto Bermúdez concentran el 82 % del total.
Parque Nacional del Manu también bajo amenaza
Ni siquiera el Parque Nacional del Manu, reconocido como uno de los lugares más biodiversos del planeta y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, escapa a la presión de los cultivos ilegales de coca. En su zona de amortiguamiento, ubicada en el distrito de Kosñipata (Cusco), se registraron 1004 hectáreas de hoja de coca en 2024. Aunque esto representa una ligera reducción de 21 hectáreas respecto al año anterior, la tendencia general sigue siendo preocupante: desde 2020, la superficie cultivada ha crecido de manera constante, pasando de 761 a más de mil hectáreas.
La presencia de estos cultivos en un entorno tan frágil también afecta la imagen del Perú a nivel internacional como un país comprometido con la conservación.
Acciones estatales y desafíos persistentes
Para hacer frente al avance de los cultivos ilegales en áreas protegidas, el Sernanp ha desplegado una estrategia basada en vigilancia y control, que combina patrullajes, monitoreo satelital y trabajo articulado con comunidades locales. Estas acciones buscan frenar la presión sobre los ecosistemas, pero también se complementan con iniciativas que promueven el desarrollo sostenible, como la comercialización de productos con la marca “Aliados por la Conservación” o el fondo “Emprendedores por Naturaleza”, que impulsa pequeños negocios comprometidos con la protección del entorno.
A pesar de estos esfuerzos, el informe es claro con sus resultados. Por eso, se hace un llamado urgente a fortalecer las políticas públicas que articulen control, conservación y desarrollo alternativo, sobre todo en zonas donde el abandono estatal ha dejado vía libre a las economías ilegales que conviven entre ellas.
En este contexto, es clave señalar un factor que agrava el panorama. Un reportaje de Convoca reveló que, durante más de una década, la cooperación del Gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), permitió sustituir miles de hectáreas de hoja de coca en la Amazonía peruana por cultivos sostenibles de cacao y café de calidad. Esta intervención benefició a más de 87 mil familias y permitió transformar las trayectorias de vida en muchas comunidades rurales.
Sin embargo, con la decisión del presidente Donald Trump de cerrar la oficina de USAID en Perú, ese respaldo se esfuma. Y el Estado peruano no ha anunciado medidas concretas para cubrir el vacío que deja esta agencia. Según Convoca, USAID canalizó más de 2962 millones de soles en donaciones entre 2012 y 2024, lo que permitió alcanzar más de 114 mil hectáreas de cultivos alternativos sostenibles. Hoy, sin esa cooperación, esas hectáreas quedan nuevamente expuestas al avance de la coca.
Devida ha respondido que tiene previsto destinar 220 millones de soles al desarrollo alternativo en 2025, y que ese monto podría aumentar a 265 millones en 2026. Pero esa inversión resulta aún limitada frente al volumen de recursos y experiencia técnica que aportó USAID.