El Poder Judicial acaba de dar un golpe importante contra la minería ilegal en la región de Puno. Cuatro integrantes de un clan familiar, vinculados a actividades mineras clandestinas en el distrito de Ananea, han sido condenados a penas de prisión efectiva, tras comprobarse que operaban sin autorización y generaban graves daños ambientales.
Natalia Condori y Jaime Flores recibieron ocho años y dos meses de cárcel, mientras que Nicolás Sencia y Estanislao Sosa fueron sentenciados a cinco años y cinco meses. Estas sentencias, confirmadas por la Segunda Fiscalía Superior Penal de San Román, representan un avance clave en la lucha contra un delito que no solo afecta la economía formal, sino que pone en riesgo la salud de ecosistemas vitales y de comunidades enteras.
La minería ilegal en este caso implicó la extracción de oro con maquinaria pesada en el sector Mosoq Minas, sin ningún tipo de tratamiento o control ambiental. Los responsables vertieron contaminantes directamente al río Ananea, un afluente fundamental para la cuenca del río Ramis. Este tipo de contaminación afecta el agua que consume la población local y destruye los bofedales y pastizales que sostienen la biodiversidad y la actividad ganadera tradicional.
La gravedad del delito y su impacto en Puno
La sentencia deja en claro que la minería ilegal agravada es un delito grave con consecuencias irreversibles. La actividad de estos grupos ilegales destruye ecosistemas, contamina fuentes de agua y afecta la calidad de vida de las comunidades altoandinas, que dependen de un ambiente sano para su subsistencia.
Este caso también revela cómo las redes familiares organizadas pueden mantener actividades ilegales durante años, operando con impunidad y generando grandes perjuicios ambientales y sociales. La respuesta penal es necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de políticas públicas integrales para la formalización y la prevención.
Recuento de la minería ilegal en Puno
Puno es una de las regiones más afectadas por la minería ilegal en el Perú. Según reportes oficiales y organizaciones ambientales, la actividad ilegal abarca miles de hectáreas, especialmente en provincias como Sandia, Carabaya y San Antonio de Putina. La minería ilegal ha generado:
- La contaminación masiva de ríos y suelos con mercurio y otros metales tóxicos.
- La destrucción de bofedales y ecosistemas altoandinos, fundamentales para el equilibrio ambiental y la producción agrícola y ganadera.
- Impactos negativos en la salud de las comunidades locales, incluyendo intoxicaciones y enfermedades relacionadas con la contaminación.
- Una economía paralela que socava la formalidad, fomenta la inseguridad y dificulta el desarrollo sostenible.
Frente a esta realidad, la condena a los miembros del clan de Ananea es un mensaje claro: la minería ilegal no quedará impune, y el Estado está dispuesto a aplicar la justicia para proteger el medio ambiente y a la población. Sin embargo, queda mucho por hacer para erradicar este flagelo que sigue siendo un gran desafío para Puno y el país.