El congresista Wilson Soto Palacios presentó el Proyecto de Ley 11510/2024-CR, que plantea modificar la Ley de Contrataciones del Estado para inhabilitar de manera definitiva a empresas –y a sus propietarios, socios o representantes legales– que abandonen obras públicas de forma ilegal o injustificada. La propuesta también incluye a compañías extranjeras y establece una sanción extendida a quienes participen indirectamente en nuevas contrataciones.
La iniciativa contempla la creación de un Registro Nacional de Inhabilitados, que estaría a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Este registro incluirá a todas las personas naturales y jurídicas sancionadas, impidiéndoles contratar con el Estado hasta que se resuelva su situación. “Actualmente hay más de 1,400 obras paralizadas que superan los 11 mil millones de soles en inversión perdida”, advirtió Soto.
Además, el proyecto busca cerrar vacíos legales que permiten a empresas sancionadas volver al sistema mediante cambios de razón social o testaferros. También propone sanciones específicas para funcionarios públicos que, por negligencia o falta de supervisión, contribuyan al abandono de obras. Según el congresista, esto forma parte de un enfoque más riguroso para evitar la impunidad y mejorar la ejecución del gasto público.
Uno de los casos que inspiró esta propuesta es el del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, en Huancavelica, cuya obra fue abandonada y ha tenido que ser relicitada, duplicando su costo. “No podemos seguir permitiendo que la corrupción y la dejadez frenen el desarrollo del país. Las empresas que incumplen deben quedar fuera del sistema estatal de manera definitiva”, concluyó Soto.