La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría el informe final sobre el llamado caso Cofre, que involucra a la presidenta Dina Boluarte por el presunto uso irregular de un vehículo del Estado. El documento solicita facultades de comisión investigadora y plantea la posibilidad de una vacancia por incapacidad moral, conforme al artículo 113 de la Constitución.
El informe, impulsado por el congresista Juan Burgos (PP), señala que durante la investigación se enfrentaron obstáculos para acceder a información clave, lo que justificaría una reforma del reglamento del Congreso para otorgar facultades investigadoras permanentes a la Comisión de Fiscalización. También se recomienda remitir el caso al Ministerio Público, por posibles delitos como peculado de uso, encubrimiento y abuso de autoridad.
Durante el debate, hubo posiciones divididas. El congresista Isaac Mita (PL) cuestionó la solidez del informe y lo calificó como parte de una estrategia de persecución política. En cambio, Carlos Zeballos (BDP) respaldó el trabajo y consideró que puede ser un insumo importante para la Fiscalía.
El presidente de la comisión negó que se trate de una acción política y aseguró que el informe busca reforzar la fiscalización sobre los más altos cargos del Estado. La solicitud de facultades investigadoras deberá ser debatida próximamente en el Pleno del Congreso.