El Poder Judicial rechazó la solicitud presentada por la presidenta Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional en su contra por haber desactivado el equipo especial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria consideró infundada la tutela de derechos solicitada por la mandataria y validó las pruebas entregadas por el Ministerio Público al Congreso.
La defensa de Boluarte alegaba una presunta vulneración del derecho a la motivación, argumentando que no se justificaba el secreto de las declaraciones testimoniales de los agentes encubiertos “René” y “Carlos”, ni la ampliación de las declaraciones de varios implicados. Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkley precisó que la solicitud había sido presentada fuera del plazo de competencia, ya que la denuncia constitucional había sido presentada ante el Congreso en noviembre de 2024.
El juez explicó que, dado que el caso está en el fuero parlamentario, no corresponde al Poder Judicial resolver la tutela de derechos solicitada. Por lo tanto, la denuncia seguirá su curso dentro del Congreso de la República. Esta decisión refuerza el proceso judicial en curso sobre la actuación de la presidenta en relación con el equipo fiscal desactivado.
El caso ha generado gran expectación, ya que la denuncia constitucional involucra a la mandataria en un asunto relacionado con la corrupción y la manipulación de investigaciones clave. La continuación del proceso parlamentario podría tener implicancias importantes para su gobierno y el panorama político en el país.