Tras la conclusión del IV Encuentro Internacional y I Congreso Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, representantes de diversas regiones del Perú han alzado su voz para denunciar la grave contaminación de las fuentes hídricas en el país. Esto se suma a la demanda hecha por la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas al gobierno peruano solicitando que las fuentes de agua sean reconocidas como sujeto de derechos, además de exigir acciones concretas para proteger los ecosistemas y garantizar el acceso a agua limpia.
De acuerdo con Mauro Lalangui, presidente de la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, la violencia contra defensores, vigilantes y monitores ambientales es una de las principales preocupaciones. Desde 2012 hasta 2023, se han registrado más de 58 asesinatos de activistas ambientales en Perú, la mayoría de los cuales permanecen en la impunidad. Lalangui señaló que las autoridades no han cumplido con su deber de proteger a quienes luchan por la preservación del agua, la tierra y la vida.
Además, el presidente de la junta denunció la criminalización de los vigilantes ambientales y el debilitamiento de instituciones clave como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La contaminación de los ríos y cabeceras de cuenca fue otro de los temas centrales abordados en el encuentro. Según Lalangui, existen más de 6.000 pasivos ambientales mineros registrados por el Ministerio de Energía y Minas, además de otros no documentados oficialmente, lo que pone en riesgo a las comunidades cercanas.
Grave contaminación del río Rímac, niveles críticos de arsénico
Betzabé Vásquez, también representante de la Coordinadora Nacional y comunera del Distrito de San Mateo de Huanchor, destacó la situación crítica del río Rímac, el cual es uno de los principales ríos que abastece de agua a Lima y Callao. Vásquez explicó que análisis químicos realizados en la cabecera de la cuenca del río Rímac , revelaron niveles de arsénico 203 veces superiores a los estándares de calidad ambiental, además de la presencia de plomo, cobre y cadmio. A pesar de haber presentado estos resultados al Congreso, las autoridades no han tomado medidas, lo que ha llevado a la Coordinadora a fortalecer su articulación y capacidades para hacer incidencia y exigir que el río sea declarado en emergencia ambiental. “Hasta la presidenta está tomando hoy agua con metaloides”, aseveró Vásquez.
Por su parte, Victoria Fernández, también representante de la Coordinadora y monitora ambiental de Santiago de Chuco-La Libertad, subrayó la necesidad de proteger las cabeceras de cuenca, lagunas, ríos y ecosistemas frágiles mediante su declaración como sujetos de derecho y zonas protegidas. Fernández recordó que el derecho a un ambiente sano está garantizado en el artículo 2, inciso 22, de la Constitución Política del Perú, pero lamentó que este derecho no se respete en la práctica. Además, solicitó la remediación de los pasivos mineros y el reconocimiento oficial de todos los vigilantes y monitores comunitarios ambientales como parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Coordinadora Ambiental propone sistema de alerta temprana para la vigilancia y defensa del medio ambiente
Alan Contreras, vicepresidente de la Coordinadora, explicó que los monitores ambientales son voluntarios que, sin recibir remuneración, se dedican a alertar sobre la contaminación de las fuentes de agua y otros impactos ambientales. Contreras detalló que la Coordinadora está organizada en comités regionales y macroregionales, y que actualmente se encuentra en proceso de formalización legal para fortalecer su capacidad de acción. Según Contreras, el objetivo principal de la organización es prevenir y proteger los territorios afectados por actividades extractivas como la minería formal, informal e ilegal y la explotación petrolera.
Los participantes del encuentro también denunciaron la falta de educación ambiental y la presencia de basurales y desagües que agravan la contaminación de los ríos. Vásquez señaló que, aunque el río Rímac abastece a la capital del país, las autoridades no han atendido las demandas de las comunidades afectadas. “Si a nosotros, que estamos en la capital, no nos hacen caso, ¿cómo será para quienes viven más lejos?”, cuestionó Vásquez.
Entre las propuestas presentadas por la Coordinadora se encuentra la implementación de un sistema de alerta temprana para identificar impactos negativos en el medio ambiente, así como la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a agua limpia y una alimentación libre de contaminación. Los representantes hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan estas demandas y tomen medidas efectivas en favor de las comunidades afectadas.
El IV Encuentro Internacional y I Congreso Nacional ambiental, que reunió a delegados de países como Alemania, Bolivia, Colombia, Argentina,Ecuador, México, Guatemala y El Salvador, además de representantes de regiones peruanas como Puno, Apurímac, Ayacucho, Junín, Piura, Lima, Cusco, Cajamarca y La Libertad, concluyó con un compromiso colectivo de continuar la lucha por la defensa del agua, la vida y los derechos ambientales, así como la elaboración de un pronunciamiento conjunto para visibilizar sus demandas y propuestas por la defensa del medio un ambiente sano. Además, los participantes no descartan realizar movilizaciones para insistir en sus exigencias y presionar al Estado peruano y organismos ambientales para que actúe frente a esta nueva crisis hídrica.
