La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 32326, que modifica el proceso de extinción de dominio en el país. Esta medida busca impedir que entre en vigencia una norma que, según el Ministerio Público, debilita la capacidad del Estado para recuperar bienes obtenidos por actos delictivos.
La nueva ley, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, exige una sentencia judicial firme para que los bienes ilícitos puedan ser confiscados. Para la Fiscalía, este cambio obstaculiza la lucha contra delitos como corrupción, narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado, al hacer más difícil intervenir los activos mientras se desarrollan los procesos judiciales.
Según datos oficiales, más de 2,300 casos activos podrían verse directamente afectados. De implementarse la norma, se correría el riesgo de que propiedades, cuentas congeladas y otros bienes embargados deban ser devueltos a personas vinculadas con redes criminales, lo que implicaría un retroceso en los esfuerzos contra la impunidad.
Delia Espinoza calificó esta ley como “nociva” y reiteró que la Fiscalía no permitirá que entre en vigencia sin agotar los recursos legales. “Miles de bienes podrían quedar fuera del alcance del Estado y volver a manos de delincuentes, lo que fortalecería aún más sus estructuras delictivas”, advirtió.