Las agencias del Sistema de Naciones Unidas firmantes expresaron su profunda preocupación por la reciente promulgación de la Ley N.º 32330, que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años en Perú. Esta medida, señalan, vulnera lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional suscrito por el Estado peruano, que exige un enfoque diferenciado para los adolescentes en conflicto con la ley.
Según estadísticas oficiales, el 98 % de los delitos registrados en el país son cometidos por adultos, lo que indica que la reducción de la edad penal no tendrá un impacto significativo en la lucha contra la inseguridad. Por el contrario, advierten que alojar a adolescentes en centros penitenciarios con adultos podría agravar su situación, exponiéndolos a influencias negativas y aumentando las probabilidades de reincidencia.
Las Naciones Unidas reiteraron que, si bien mantener la seguridad pública es un objetivo legítimo, este debe alcanzarse respetando los principios de la justicia juvenil. Estos principios establecen que los adolescentes deben ser juzgados bajo procedimientos especiales y, en caso de ser privados de libertad, deben permanecer separados de adultos, en condiciones adecuadas a su desarrollo físico y emocional.
Finalmente, las agencias instaron a los Poderes del Estado a considerar la derogación de la ley y a fortalecer el sistema de justicia penal juvenil con recursos técnicos y económicos. Asimismo, reiteraron su disposición para colaborar con el Estado peruano, ofreciendo apoyo técnico para implementar soluciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.