El Poder Judicial dejó sin efecto la resolución que declaró improcedente la demanda de amparo presentada por Patricia Benavides, quien busca ser repuesta como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación. La Tercera Sala Constitucional de Lima consideró que la jueza Ana Osorio Sosa no se pronunció adecuadamente sobre los derechos fundamentales que, según la demandante, fueron vulnerados durante su destitución.
El tribunal superior sostuvo que, de acuerdo con jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las decisiones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sí pueden ser revisadas en sede constitucional si fueron emitidas sin debida motivación o sin respetar el derecho a la audiencia previa. En este caso, la sala detectó incoherencias en la sentencia original y una falta de motivación suficiente, lo que motivó su anulación.
Benavides fue destituida por la JNJ en mayo de 2024 por incurrir en una falta disciplinaria muy grave, al haber interferido presuntamente en una investigación contra su hermana Enma Benavides, y por designaciones irregulares. La jueza Osorio había considerado que la demanda debía resolverse en un proceso contencioso administrativo y no a través de un amparo, argumentando que no existía urgencia ni riesgo de irreparabilidad.
Sin embargo, ahora el caso regresa al juzgado de origen, que deberá emitir un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los argumentos constitucionales esgrimidos por la sala superior. Esto reabre el debate sobre la legitimidad de la sanción impuesta a Benavides y plantea la posibilidad —aún no confirmada— de que recupere su cargo si se comprueba la vulneración de sus derechos fundamentales.
