La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el dictamen de los proyectos de ley 09110, 09129 y 09149, que proponen una reforma al Código Penal para endurecer las penas por delitos de sicariato. La principal modificación plantea elevar de 25 a 30 años la pena privativa de libertad para el tipo penal básico de sicariato, enviando un claro mensaje de severidad frente a este crimen que afecta la seguridad pública.
El dictamen también incluye una reforma al tipo agravado del sicariato, añadiendo a las bandas criminales como responsables de ordenar la ejecución de estos delitos. Según el dictamen, muchas de estas organizaciones, al igual que las estructuras criminales más grandes, utilizan el sicariato como una herramienta para eliminar a sus rivales y resolver disputas internas.
Adicionalmente, se han introducido dos nuevas agravantes que podrían conllevar la pena de cadena perpetua. La primera aplica cuando el sicariato se comete contra personas que desempeñan funciones públicas o actividades comerciales, y la segunda se refiere a los casos en que la orden de cometer el crimen proviene desde un establecimiento penitenciario.
El dictamen subraya la importancia de esta última agravante, debido al creciente problema del control que los cabecillas de organizaciones criminales ejercen desde las prisiones. Esta medida busca debilitar su poder y frenar la ejecución de homicidios desde el interior de las cárceles, contribuyendo a un control más efectivo sobre los reclusos y la seguridad pública en general.
