La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite, por unanimidad (14 votos), tres denuncias constitucionales acumuladas contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda. Las denuncias, presentadas por los congresistas Elías Varas, Juan Burgos y Jaime Quito, lo acusan de haber influido indebidamente para facilitar la contratación de Yaziré Pinedo Vásquez en el Ministerio de Defensa, con quien tendría una relación cercana, además de utilizar un vehículo oficial para fines personales.
El informe de calificación aprobado por la subcomisión señala indicios suficientes para iniciar una investigación por presunta infracción de la Constitución y la posible comisión de delitos como colusión, peculado de uso, negociación incompatible y tráfico de influencias. La denuncia presentada por Margot Palacios fue declarada improcedente por haber formado parte previamente de la misma subcomisión.
A estas acusaciones se suma una denuncia presentada por el Ministerio Público por el presunto delito de colusión agravada, en agravio del Estado, relacionada con la contratación de Pierina Rivera Bermeo, amiga del exjefe del Gabinete, en Devida. Según la Fiscalía, Otárola habría instigado dicha contratación aprovechando su posición de poder.
Con esta decisión, el Congreso da paso a una nueva etapa de investigación contra el ex primer ministro, en medio del creciente escrutinio público sobre la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado. La subcomisión continuará con las diligencias correspondientes para determinar si existen responsabilidades penales o constitucionales.
