La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), criticó la decisión del Ejecutivo de darle un papel más protagónico a las Fuerzas Armadas para asumir el control territorial en la provincia de Pataz, tras el asesinato de 13 trabajadores mineros. Durante la sesión de su grupo de trabajo, Tudela planteó la pregunta de por qué esta medida se tomó tan tarde, considerando la creciente presencia del crimen organizado y la minería ilegal en la región.
La legisladora advirtió que la falta de acción efectiva por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia ha permitido que el crimen organizado se infiltre en diversas instituciones. Además, propuso implementar medidas más estrictas, como la instalación de una caseta policial para restringir el ingreso de insumos utilizados por la minería ilegal. “¿Qué es lo que ha venido haciendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia?”, se cuestionó Tudela.
Otros congresistas también manifestaron su preocupación por la falta de soluciones estructurales. Alejandro Muñante Barrios (RP) mencionó que la formalización minera sigue siendo un desafío sin resolver, mientras que José Williams Zapata (Avanza País) cuestionó si la Policía agotó sus recursos antes de pedir la intervención de las Fuerzas Armadas. Además, Víctor Cutipa Ccama (JPP-VDP) sugirió intervenir directamente en los socavones donde se almacenan armas de guerra.
El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, defendió la intervención de las Fuerzas Armadas, señalando que el crimen organizado en Pataz se ha fortalecido debido a la falta de control estatal. Díaz Zulueta subrayó que la lucha contra este fenómeno requiere una respuesta unificada de todos los sectores, destacando que ya se ha desplegado un contingente de 800 policías y 200 militares en la región.
