El Ejecutivo continúa impulsando su propuesta de tipificar el terrorismo urbano en el Código Penal como respuesta a la creciente ola de criminalidad organizada que azota diversas regiones del país. La medida busca dotar a las autoridades de nuevas herramientas para enfrentar bandas que operan con armas de fuego y métodos violentos, como la extorsión, el secuestro y el asesinato.
Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, ha mostrado su respaldo a esta iniciativa, destacando que permitirá a la Policía disponer de hasta 15 días para investigar casos graves, frente a los tres días actuales, insuficientes para investigar delitos de gran complejidad. Según Castillo, el sistema actual no permite actuar con la contundencia necesaria, ya que más del 98% de los casos graves terminan archivados o sin sentencia firme debido a la falta de tiempo.
Sin embargo, la propuesta ha generado controversia. El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, sostiene que existen leyes suficientes para enfrentar el crimen organizado, y que el foco debe estar en acelerar las investigaciones y mejorar la aplicación de sanciones, no en crear nuevas figuras legales. Según Pérez, el problema radica en los largos plazos de las investigaciones preliminares.
Una de las propuestas más debatidas es la posible reintroducción de los jueces sin rostro, una medida tomada en los años 90 para proteger a los magistrados durante la lucha contra el terrorismo. Castillo ha señalado que esta medida podría ser necesaria para garantizar la seguridad de jueces y fiscales, quienes enfrentan constantes amenazas. El Gobierno aún evalúa cómo avanzar en este tema, mientras las dificultades económicas complican la respuesta al creciente desafío de la inseguridad.
