La Corte Superior de Justicia de Lima ha confirmado una sentencia que declara fundadas las denuncias por maltrato laboral contra Fortunato Quesada Seminario, exembajador del Perú en Israel. En segunda instancia, además, la Séptima Sala Laboral Permanente elevó el monto de la reparación civil que Quesada deberá pagar a Rommina Teves, extrabajadora de la residencia diplomática, de S/.50 mil a S/.250 mil, reconociendo los daños psicológicos sufridos a raíz de una conducta sistemática de abuso e intimidación.
El fallo, emitido el 29 de abril, recoge testimonios, informes médicos y registros de audio difundidos por el programa Panorama, que describen un entorno laboral degradante y hostil. Se documenta que Quesada vulneró reiteradamente la privacidad de la trabajadora, ingresando sin autorización a su habitación, profiriendo expresiones denigrantes —“no pienses”, “cuando estés calata, cierra con llave”—, y sobrecargándola con tareas físicas sin apoyo ni herramientas adecuadas. La víctima fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático y permanece en tratamiento psicológico.
La sentencia no solo valida la existencia de un vínculo laboral signado por vejaciones físicas, verbales y simbólicas, sino que ubica los hechos en el marco más amplio de la violencia de género en el mundo del trabajo. En ese sentido, recoge principios del Convenio 190 de la OIT y sentencias de la Corte Interamericana que reconocen el impacto estructural de este tipo de abusos, incluso cuando se producen en espacios diplomáticos. El tribunal concluye que el comportamiento de Quesada configuró una forma de violencia que afectó no solo la integridad física y mental de la denunciante, sino también su dignidad como trabajadora.
En la audiencia, la defensa de Quesada desistió del principal argumento de su apelación: la supuesta falta de notificación de la demanda. El tribunal también descartó que las pruebas —particularmente los audios en los que se registran insultos, amenazas de despido arbitrario y frases de corte sexual— hubiesen sido manipuladas o utilizadas fuera de contexto. En este nuevo fallo, los hechos se consolidan no como rumores ni solo filtraciones interesadas, sino como una secuencia coherente y comprobada de agravios laborales.
Aunque el proceso de reposición administrativa que Quesada sigue contra la Cancillería continúa por un carril separado, la sentencia laboral impone un marco difícil de obviar. Más allá de lo que decida la Corte Suprema respecto a su destitución, el expediente de Quesada ha quedado atravesado por una verdad judicial que reduce el margen para los desmentidos y que coloca los hechos en un lugar incómodo para quienes, en su momento, buscaron restarles gravedad o atribuirlos a una conspiración.
Mientras tanto, la Corte Suprema tiene pendiente resolver si admite a trámite la apelación de la Cancillería en el proceso disciplinario que terminó con la expulsión de Quesada del servicio diplomático. La decisión marcará si se abre paso a un nuevo procedimiento administrativo o si se pone fin, por vía judicial, a un caso que ha desbordado largamente el ámbito interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.
