Ositrán inició una investigación para determinar las razones detrás del retraso en la puesta en operación del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Aunque la obra ya estaba concluida, el terminal aún no había recibido la certificación final por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), lo que postergó su apertura al público.
La concesionaria Lima Airport Partners (LAP), encargada de la construcción del terminal, sostuvo que el aeropuerto estaba completamente habilitado y que los ajustes pendientes —como el sistema de manejo de maletas— no impedían el inicio de operaciones. No obstante, la Dirección de Aeronáutica Civil del MTC no emitió la autorización final, generando incertidumbre y cuestionamientos públicos.
Según Ositrán, los inconvenientes identificados representaban menos del 0.5 % del total del proyecto, pero fueron suficientes para frenar la inauguración. El organismo supervisor informó que el proceso de investigación tomaría entre cinco y seis meses, durante los cuales LAP tendría la oportunidad de presentar sus descargos. De hallarse responsabilidad, se aplicarían las sanciones correspondientes.
Como entidad fiscalizadora, Ositrán evaluó si el retraso constituía una infracción del contrato de concesión. La presidenta del organismo adelantó que el informe final incluiría un análisis técnico y legal detallado de los factores que impidieron la entrega del nuevo terminal aéreo, construido durante más de cuatro años.
