El Gobierno de Dina Boluarte publicó una ley que modifica el Decreto Legislativo 1095, estableciendo nuevas directrices para el empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en territorio nacional. La norma busca fortalecer la respuesta del Estado ante amenazas como la minería ilegal, el tráfico de drogas y el terrorismo, así como otros delitos graves que ponen en riesgo la seguridad nacional.
Según la ley, las Fuerzas Armadas deberán prestar apoyo a la Policía Nacional en situaciones específicas, especialmente cuando esta última no pueda manejar por sí sola el control del orden interno. Este apoyo solo se otorgará después de que se declare el Estado de Emergencia y en casos como el combate al narcotráfico, la protección de infraestructuras estratégicas o la defensa de servicios públicos esenciales. Además, se permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas si se prevé que la Policía no podrá controlar la situación.
El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 60 días hábiles para ajustar el reglamento del Decreto Legislativo 1095 y alinearlo con las modificaciones introducidas por la nueva ley. Esta actualización será clave para asegurar que las Fuerzas Armadas puedan colaborar eficazmente con las fuerzas policiales, respetando siempre los límites constitucionales establecidos para su intervención.
Con esta nueva legislación, el Gobierno refuerza su capacidad de respuesta ante desafíos de seguridad complejos, asegurando un marco legal que permita la intervención de las Fuerzas Armadas solo cuando sea estrictamente necesario y bajo circunstancias controladas.
