La Sala Penal de la Corte Suprema del Perú decidió restringir el uso de la palabra al expresidente Pedro Castillo durante la audiencia por el presunto intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La medida fue adoptada luego de varios episodios de faltas de respeto por parte del exmandatario hacia la jueza Norma Carbajal, quien preside el tribunal. Castillo se ha mostrado desafiante desde el inicio del juicio, negándose incluso a identificarse formalmente ante el tribunal.
Durante la audiencia, Castillo volvió a lanzar acusaciones contra la jueza, señalándola por supuesto adelanto de opinión y afirmando que merecía una denuncia constitucional. Estos comportamientos llevaron al tribunal a aplicar el artículo 364 del Código Penal, que permite al juez adoptar medidas para preservar el orden y la normalidad en el desarrollo del proceso judicial. El abogado de oficio de Castillo, Ricardo Hernández, señaló que no puede comunicarse con su defendido debido a su negativa rotunda a participar del proceso.
Pese a la severidad de la advertencia, la jueza Carbajal aclaró que el expresidente no ha perdido su derecho a declarar o ejercer su defensa. Sin embargo, subrayó que este solo podrá hacer uso de su palabra si respeta las normas procesales y al tribunal. La decisión ha generado diversas reacciones en la opinión pública, con sectores que la consideran necesaria y otros que cuestionan sus implicancias para el debido proceso.
Pedro Castillo enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, en un proceso que también incluye a sus exfuncionarios Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. A medida que avanzan las audiencias, el comportamiento del exmandatario podría influir en las decisiones judiciales futuras, así como en la percepción ciudadana sobre el desarrollo de un juicio considerado clave para la democracia peruana.
