Nuevo sistema “Alerta Amber” incluirá a personas con discapacidad desaparecidas

La ley modificada garantiza una respuesta inmediata y especializada para personas con discapacidad, buscando fortalecer la protección de esta población vulnerable.

por Edgar Mandujano

En un acto protocolar celebrado en el Palacio de Gobierno, la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció la promulgación de una ley que modifica el Decreto Legislativo N.º 1428, incorporando a las personas con discapacidad en el sistema de “Alerta Amber”. Esta nueva medida permitirá una respuesta más rápida y especializada frente a los casos de desapariciones, considerando las condiciones de vulnerabilidad de las personas con discapacidad.

Impulsada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la norma establece que todas las personas con discapacidad, sin importar su edad, tendrán acceso automático al sistema de búsqueda. Al momento de la denuncia, se activarán protocolos de atención prioritaria, lo que incrementará significativamente las probabilidades de ubicación y rescate en el menor tiempo posible. La ministra del MIMP, Fanny Montellanos, destacó la importancia de esta ley como un paso hacia la construcción de un país más inclusivo y justo.

El MIMP, en colaboración con otras instituciones como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, también implementará acompañamiento psicológico gratuito para las familias de las personas desaparecidas, con el objetivo de mitigar el impacto emocional durante el proceso de búsqueda. Esta medida integral busca no solo localizar a las personas con discapacidad, sino también brindar apoyo a sus seres queridos en momentos tan difíciles.

Con esta reforma, se busca cerrar una brecha histórica en la protección de las personas con discapacidad, garantizando su acceso igualitario a herramientas de seguridad. Según el Censo Nacional 2017, más de 3,2 millones de personas en Perú viven con discapacidad, representando el 10,3 % de la población, lo que hace aún más relevante esta medida que refuerza el compromiso del Estado con los derechos de este sector de la población.

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