Es increíble cómo en el Perú los acontecimientos históricos se entrecruzan, no obstante sus diferentes circunstancias. El juicio que se le viene siguiendo al expresidente Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado, ampliamente difundido, hace recordar otro momento, igualmente lamentable, como el de los denominados vladicontratos.
Durante el régimen de Alberto Fujimori, el entonces todopoderoso asesor presidencial Vladimiro Montesinos, ideó una serie de mecanismos que pretendieron convertir en normales actos claramente delincuenciales. Este fue el caso de los mencionados vladicontratos. Montesinos, con el propósito de asegurar el sometimiento de la línea editorial de los medios de comunicación a la nueva reelección de Fujimori, obligó a los propietarios a firmar tales documentos. En realidad, se trataba de papeles mojados en tinta; jamás fueron contratos. Sin embargo, desafiaron al derecho y a la ley. Los documentos, extendidos por escrito, identificaban a la parte obligada -el medio de comunicación- y a su representante, pero no a quien los contrataba. O sea, no había contraparte. El objeto precisaba que debían cumplirse estrictamente las indicaciones que se recibieran para su difusión pública, sin lugar a objeción alguna. Se buscaba promover y apoyar la candidatura de Fujimori a su tercer mandato, ciertamente inconstitucional. Era obvio el fin ilícito del encargo. Y, lo más importante, se fijaba la retribución que se pagaría, siempre en efectivo, en dólares, y al contado. En definitiva, se trataba de un verdadero adefesio jurídico.
Pues bien, algo parecido viene sucediendo en el juicio que se le sigue a Pedro Castillo. La defensa del expresidente, incluyendo algunos abogados que se presentan como expertos internacionales, puede resumirse de la siguiente manera: Pedro Castillo, quien se niega a ser juzgado, jamás llevó a cabo un golpe de Estrado y mucho menos cometió ningún delito de rebelión. Lo primero porque todo siguió en el país tal cual, normalmente, sin que se afectase el ejercicio de función alguna de ninguna autoridad pública. Lo segundo porque Pedro Castillo jamás empuñó un arma ni disparó ninguna bala. Y para terminar de dibujar el disparate, se sostiene que el expresidente Castillo fue detenido antes de que el Congreso lo destituyera, además, sin reunir el número de votos requeridos para ello; es decir, se le violó su inmunidad presidencial.
El 7 de diciembre de 2022, el Perú, estupefacto, escuchó a Pedro Castillo el mensaje a la nación, transmitido en directo por televisión a nivel nacional, instaurando el Gobierno de Emergencia Excepcional y disponiendo el cierre del Parlamento y la intervención del sistema de justicia. Desde ese mismo momento, Pedro Castillo infringió el mandato expreso de la Constitución (artículo 45°), se convirtió en dictador y, por consiguiente, en usurpador del gobierno. Aun cuando haya sido durante breves minutos, su condición de usurpador, decidida por él mismo, lo puso al margen del poder legitimo. Nadie entonces le debía obediencia.
Lo mismo planeó Vladimiro Montesinos el 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso y concentró para si todos los poderes. La única (y sustancial) diferencia es que a Fujimori le funcionó, a Pedro Castillo no.
*Abogado y fundador del original Foro Democrático.
