La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó, con 18 votos a favor y dos abstenciones, un conjunto de medidas para endurecer las penas por extorsión. Se estableció una pena máxima de 33 años y cuatro meses, un tercio más que el máximo legal anterior, como parte de un esfuerzo por combatir el creciente nivel de violencia y el crimen organizado en el país.
El dictamen aprobado modifica el Código Penal, incorporando agravantes importantes, como cuando el delito es cometido por miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú o el Instituto Nacional Penitenciario, tanto en actividad como en retiro. También se amplió la lista de víctimas, incluyendo no solo a profesionales y comerciantes, sino también a personas comunes como amas de casa, estudiantes y personas de bajos recursos.
Además, la propuesta introdujo modificaciones en el Código Procesal Penal para garantizar una mayor protección de la identidad de los denunciantes y endurecer las sanciones contra las empresas de telecomunicaciones involucradas en el uso ilegal de dispositivos móviles dentro de los penales. Se establecieron medidas más estrictas, como el llamado “apagón celular” en los establecimientos penitenciarios.
La Comisión también aprobó reformas para mejorar el sistema de justicia, incluyendo la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estas reformas buscan fortalecer la independencia y la estabilidad de las instituciones judiciales, mejorar las condiciones laborales de jueces y fiscales, y asegurar que el sistema de justicia sea más eficiente y justo para todos los ciudadanos.
