La Corte Suprema decidirá si se cierra o no el largo y escabroso capítulo de un proceso disciplinario que involucra acusaciones de acoso, abandono de cargo, y un presunto “complot” diplomático con sabor a novela de espías criolla.
En los próximos días, el máximo tribunal deberá resolver si admite a trámite la apelación de la Cancillería para cerrar definitivamente el caso de Fortunato Quesada, exembajador del Perú en Israel, expulsado del servicio diplomático en 2018 tras denuncias internas por maltrato, hostigamiento y conducta impropia para un representante del Estado.
Las acusaciones provinieron tanto del personal de la sede diplomática en Tel Aviv como de la residencia oficial. En respuesta, Torre Tagle decidió aplicar la sanción más severa del régimen disciplinario: la expulsión definitiva. Quesada no negó haber incurrido en algunas faltas, pero alegó que la medida fue desproporcionada y viciada de origen. Su defensa sostiene que el proceso estuvo plagado de filtraciones y maniobras internas que vulneraron su derecho al debido proceso.
En primera y segunda instancia, el Poder Judicial dio la razón parcialmente a Quesada, al declarar nulo el procedimiento sancionador por “exposición indebida”. Las resoluciones ordenan retrotraer el expediente administrativo al punto de inicio, abriendo la posibilidad de un segundo proceso interno.
Las versiones en disputa
El caso adquirió nuevas dimensiones tras declaraciones públicas del propio Quesada y su entorno legal, que aludieron a la existencia de una supuesta conspiración para desacreditarlo. En esa línea, se mencionó el nombre de Pedro Rubín, exministro consejero en Tel Aviv, a quien se acusa de haber inducido a personal de la embajada a grabar conversaciones y manipular audios para filtrar información a la prensa.
También se señalaron responsabilidades políticas más altas. En entrevistas recientes, Jesús Alvarado, entonces trabajador de la sede diplomática, afirmó que las acciones contra Quesada fueron alentadas desde Lima por funcionarios de alto nivel, incluyendo a los exministros Néstor Popolizio y Hugo de Zela, y al exjefe de gabinete José Boza, fallecido en 2022.
Si la Corte Suprema confirma las sentencias anteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá iniciar un nuevo proceso disciplinario. Pero Popolizio y de Zela, entonces Canciller y secretario general, respectivamente, no serán parte de la nueva investigación. Ambos ya fueron exonerados de toda responsabilidad administrativa, y su rol no fue objeto de revisión judicial.
Lo que está en juego
Más allá del aspecto jurídico, lo que está en disputa es también el posible retorno de Quesada al servicio diplomático, al menos de forma simbólica. El calendario juega a su favor: con un fallo favorable, podría ser repuesto solo por los años restantes hasta su jubilación. Pero lo más relevante serían los sueldos retroactivos que podría reclamar por el tiempo transcurrido fuera del cargo.
A estas alturas, el expediente de Fortunato Quesada no es solo un caso administrativo. Se ha convertido en una pieza más dentro del tablero político y diplomático, donde la justicia deberá decidir entre versiones irreconciliables —y sin tomar partido, encontrar la verdad procesal.
