El canciller Elmer Schialer ha solicitado formalmente al Congreso de la República que se le permita acudir a explicar el salvoconducto otorgado a Nadine Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos. Esta solicitud busca proporcionar claridad sobre la situación y la legalidad del proceso, dado el impacto que tiene a nivel nacional e internacional.
En respuesta a la solicitud del Ejecutivo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, indicó que pondrá este tema a consideración de la Junta de Portavoces para definir los pasos a seguir. Salhuana destacó que, en su opinión, el canciller debe comparecer ante el Pleno del Congreso lo antes posible, preferentemente antes del feriado largo, para evitar que el asunto quede sin atención.
El Gobierno peruano ha asegurado que su acción se ajusta a las normas del derecho internacional, específicamente a la Convención Americana sobre el Asilo, firmada por Perú en 1954. Esta convención otorga a Brasil la facultad de decidir sobre la condición de asilado de Nadine Heredia. La normativa internacional en la que se basa Perú respalda la decisión del país asilante, en este caso, Brasil.
Además, la Constitución de Perú establece que el país reconoce el derecho al asilo y debe acatar las condiciones definidas por la nación que otorga dicho asilo. En este contexto, el Gobierno considera que Brasil ha actuado conforme a las disposiciones internacionales, y el Congreso debe recibir la información completa para una evaluación adecuada de la situación.