El colectivo País Seguro (PAS), integrado por actores vinculados a la minería formal, ha lanzado un llamado urgente para que el Estado enfrente con mayor decisión la creciente ola de violencia ligada al crimen organizado y las economías ilegales.
En un comunicado, PAS advierte que “nuestro país ha sufrido un desborde de violencia que no se registraba desde la época del terrorismo”, citando atentados con explosivos en espacios públicos, el asesinato de un cantante a manos de sicarios y la extorsión a negocios y colegios, entre otros hechos recientes.
“No debemos seguir permitiendo que la minería ilegal sea el financista de la asonada de violencia y trafique con los explosivos”, señala el documento, haciendo hincapié en la relación directa entre esta actividad ilícita y el poder de fuego de las organizaciones criminales.
El rol de la minería ilegal en la crisis de seguridad
PAS sostiene que el auge del crimen organizado en el Perú no es casualidad, sino el resultado de la expansión de economías ilícitas “que no solo operan con impunidad, sino incluso con la complicidad de malos funcionarios”.
El comunicado cuestiona la falta de control sobre el comercio de armas y explosivos en el país. “¿De dónde salen todos los explosivos y armas de fuego que son utilizados por estos criminales?”, plantea, exigiendo a las autoridades un mayor control en la fiscalización de estos insumos.
En regiones como Madre de Dios, La Libertad y Puno, la minería ilegal no solo genera un desastre ambiental, sino que se ha convertido en el motor financiero de redes de trata de personas, extorsión y sicariato. La situación ha escalado al punto de que, en varias localidades, el Estado prácticamente ha cedido el control territorial.
“La justicia debe actuar sin contemplaciones”
El pronunciamiento de PAS no se queda en la denuncia, sino que exige acciones inmediatas. “La justicia debe actuar sin contemplaciones, el Congreso debe legislar para protegernos a nosotros, no a los criminales, y el Gobierno debe recuperar el control de la seguridad ciudadana”, señala el colectivo.
Asimismo, critican la inacción de las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia. “El Ministerio Público y el Poder Judicial deben denunciar y juzgar con todo el peso de la ley a los criminales que día a día asaltan y asesinan con total impunidad”, reclama el documento.
Un problema sin resolver
La minería ilegal ha sido señalada durante años como uno de los principales motores de la criminalidad en el país. En 2016, un informe de Devida alertaba que esta actividad ilícita generaba más ingresos ilegales que el narcotráfico en algunas regiones. A pesar de operativos y anuncios gubernamentales, la problemática se ha agravado.
El colectivo PAS concluye su comunicado con un mensaje contundente: “Se requiere un plan de trabajo consensuado, con acciones concretas que muestren resultados inmediatos. El terror no puede ser parte de nuestras vidas”.
Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿Responderá el Estado con la firmeza que se exige o la minería ilegal seguirá financiando la violencia con impunidad?
