El 16 de marzo, la comunidad de la cumbia sufrió una pérdida trágica con la muerte de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, quien fue asesinado a manos de sicarios en San Juan de Lurigancho. La noticia conmocionó a muchos en el ámbito musical y, lamentablemente, también encendió una serie de amenazas y extorsiones hacia otros artistas. Edwin Guerrero, líder de la exitosa agrupación Corazón Serrano, denunció públicamente que está siendo víctima de extorsionadores que le envían videos y audios intimidantes, lo que ha generado gran preocupación por la seguridad de su familia y miembros de su orquesta.
En una entrevista con Magaly TV La Firme, Guerrero reveló que las amenazas incluyen mensajes como “Mira lo que te va a pasar” y otros videos intimidatorios, lo que lo mantiene en constante alerta. Además, denunció que los delincuentes también están intimidando a otros artistas del medio, enviando fotos de sus familiares y vehículos, e incluso sugiriendo que el único modo de protegerse sería salir con chalecos antibalas. Guerrero instó a los músicos a unirse y luchar contra esta situación de extorsión y violencia que afecta a toda la industria.
El asesinato de Paul Flores se produjo en la madrugada del 16 de marzo, cuando sicarios abrieron fuego contra el autobús de la banda de cumbia, hiriendo al cantante, quien luego falleció a pesar de los esfuerzos médicos. Este crimen ha incrementado las preocupaciones sobre la creciente violencia que afecta a la sociedad peruana y, en particular, al mundo artístico. Los músicos, quienes a menudo son blanco de extorsiones, se sienten cada vez más vulnerables ante estos actos de violencia y criminalidad.
Como respuesta a esta ola de violencia, el Gobierno de Dina Boluarte ha declarado un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para enfrentar la delincuencia organizada. Esta medida, que entra en vigor el 18 de marzo, busca reforzar la seguridad en estas zonas y dar a las autoridades mayores facultades para intervenir en situaciones de riesgo, lo que incluye la capacidad de suspender eventos o intervenir en domicilios sin necesidad de una orden judicial. La situación sigue siendo crítica, y la comunidad artística se encuentra unida en su llamado a la justicia y protección.
