Este martes 11 de marzo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso analizó en sesión reservada la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por presunto cohecho pasivo en el “Caso Rolex”. La investigación se centra en la recepción de relojes y joyas de lujo supuestamente vinculados a un favor concedido al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, según el exfiscal Juan Carlos Villena.
El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, solicitó una sesión a puerta cerrada para garantizar el debido proceso y evitar filtraciones en la investigación. La presidenta de la subcomisión, María Acuña Peralta (APP), aceptó la solicitud sin objeciones, suspendiendo la transmisión oficial y pidiendo a los periodistas que abandonaran la sala.
El “Caso Rolex”, desatado por la aparición de imágenes de la presidenta luciendo relojes de lujo, investiga si Boluarte recibió estos bienes de Oscorima a cambio de favores políticos. De confirmarse, la acusación de corrupción podría acarrear graves consecuencias políticas y judiciales, incluida su inhabilitación.
La decisión de realizar la investigación contra Boluarte a puertas cerradas ha generado controversia sobre la transparencia en casos de figuras públicas. Sectores políticos, constitucionalistas y medios critican la falta de acceso público, a pesar de la defensa de Boluarte y su negación de irregularidades. Se argumenta que, tratándose de un caso de corrupción que involucra a la máxima autoridad, la transparencia es crucial para la confianza ciudadana en las instituciones.
