Fiscalía incauta barras de oro por un valor de los 1.4 millones de dólares vinculados a minería ilegal

La millonaria carga pertenecería a la empresa Inversiones Musillo & Rosice EIRL que intentó exportarla por vía aérea.

por Edgar Mandujano

La Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró incautar dos barras de oro por un valor superior a los 1.4 millones de dólares, debido a su presunta vinculación con la minería ilegal y el lavado de activos. La incautación fue confirmada por el Juzgado de Extinción de Dominio del Callao el 17 de febrero de 2025, después de que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) inmovilizara el material el 22 de octubre de 2024, cuando la empresa Inversiones Musillo & Rosice EIRL intentaba exportarlas por vía aérea.

La incautación se produjo luego de que la SUNAT detectara irregularidades en la documentación presentada por la empresa y sus proveedores. Estas inconsistencias generaron sospechas sobre el origen ilícito del oro. Al no poder justificar la legalidad del mineral, se activaron las alertas sobre la posible comisión de delitos, lo que llevó a la movilización de diversas entidades como Registros Públicos, Migraciones y Sentinel, para confirmar la relación del oro con actividades ilegales.

La investigación está a cargo del fiscal provincial Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre y el fiscal adjunto Wilfredo Kennedy Domínguez Romero, quienes buscan desmantelar la red criminal detrás de este comercio ilegal de oro. Su objetivo es rastrear el origen de las barras de oro y esclarecer las posibles conexiones con otros delitos, como el lavado de activos, a través de las rutas utilizadas para su exportación y distribución.

Esta incautación resalta el trabajo de las autoridades peruanas en la lucha contra la minería ilegal y el lavado de dinero, dos problemas que siguen afectando gravemente al país. Con esta acción, el Ministerio Público refuerza su compromiso con la justicia y el combate contra las redes criminales que se benefician de actividades ilícitas que dañan tanto la economía como el medio ambiente.

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