La jefa de Estado está siendo investigada en cuatro carpetas fiscales referidas a financiamiento irregular de su campaña política, peculado doloso y genocidio.
Boluarte tiene cuatro investigaciones fiscales en curso. (Foto: MP)
La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue recientemente incluida en la ampliación de una investigación fiscal por lavado de activos, por el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de segunda vuelta del partido político Perú Libre en el 2021.
La medida se tomó luego de que se dieran a conocer las declaraciones del “asesor en la sombra” del expresidente, Pedro Castillo, Henry Shimabukuro Guevara, quien reveló haberse acercado al entorno del partido del lápiz a través de la abogada apurimeña y haber donado S/ 800 mil para su campaña política.
Simultáneamente, se dio a conocer que allegados a la entonces candidata a la vicepresidencia, habrían recogido aportes irregulares provenientes de Eduvigis Beltrán, un empresario pesquero que se habría reunido con ella tras haber aportado S/ 150 mil. Tanto los donativos de Beltrán como los de Shimabukuro no fueron declarados ante la ONPE.
Sin embargo, esta no es la única investigación en curso en contra de la mandataria. Desde junio del 2021, es decir, antes de que juramentara como vicepresidenta o ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el despacho del fiscal Richard Rojas ya la había incluido en una investigación por lavado de activos, por abrir, junto a otros dirigentes del partido del lápiz, una cuenta bancaria mancomunada que habría recolectado fondos de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, para pagar la caución de S/ 850 mil de Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción tras su paso por el Gobierno Regional de Junín.
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Estas no son las únicas investigaciones en curso en contra de Boluarte Zegarra; en agosto del 2022, la Fiscalía formalizó una investigación preparatoria por peculado doloso, debido a que no habría renunciado a su cargo de funcionaria en Reniec para postular a la vicepresidencia del país. La renuncia a dicho cargo, recién se hizo efectiva el 11 de abril del año pasado.
Por otro lado, la jefa de Estado es también investigada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las muertes producidas en las marchas antigubernamentales iniciadas el 7 de diciembre del 2022. También están comprendidos en esta indagación el primer ministro, Alberto Otárola; el ex ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
Cabe señalar que, en su condición de presidenta de la República, Dina Boluarte se encuentra protegida por el artículo 117 de la Carta Magna, que impide acusarla durante su mandato, salvo por los delitos contenidos en dicho apartado. Una vez culminado su mandato, gozará de la prerrogativa de antejuicio político por cinco años.
Poder Judicial dará a conocer este 3 de abril decisión sobre prisión preventiva contra Martha Huatay.https://t.co/SR8URphYGe
— Revista Caretas (@Caretas) March 31, 2023