El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley que establece penas de entre seis y diez años de prisión para los extranjeros que reingresen al Perú de manera ilegal, tras haber sido expulsados por cometer un delito o por una sanción administrativa. La propuesta modifica el artículo 303-C del Código Penal, aumentando la pena para aquellos que violen la prohibición de reingreso, que antes era de solo dos a cuatro años de prisión.
Además, la iniciativa también busca endurecer las sanciones contra el tráfico ilegal de migrantes. Quienes promuevan, financien o faciliten el ingreso ilegal de personas podrían enfrentar de ocho a 12 años de cárcel, mientras que los delitos cometidos con agravantes, como el abuso de menores o el uso de la función pública, podrían acarrear penas de hasta 14 años.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas son necesarias ante el creciente fenómeno de la inmigración ilegal y la delincuencia organizada extranjera. Se argumenta que las sanciones actuales no son suficientes para disuadir a los infractores, especialmente en zonas como la frontera de Tumbes, que han sido puntos críticos de ingreso irregular al país.
El proyecto de ley busca mejorar la regulación migratoria y fortalecer la seguridad ciudadana, alineándose con el principio de soberanía del Estado peruano. De aprobarse, se establecería un marco más estricto para el control de la inmigración, sin contravenir los tratados internacionales sobre derechos humanos.
