El Poder Judicial ordenó el embargo y la inhibición de 22 bienes inmuebles vinculados a la empresaria Sada Goray, como parte de la investigación por el caso “Fondo Mivivienda”, que involucra al gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
La decisión fue tomada por el juez Raúl Justiniano, quien aprobó la solicitud de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. La solicitud pedía que se ejecutaran medidas cautelares sobre los bienes de Goray, que incluyen 10 lotes y 2 predios en Trujillo (región La Libertad), 4 predios, un terreno y un fundo en Tarapoto (San Martín), un predio y un lote en Moyobamba, otro predio en Juanjui (San Martín) y una parcela en Pisco (Ica).
El embargo afecta los derechos sobre estos bienes por un monto de 36 millones 383 mil 828 soles, y se ha dispuesto que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) sea notificada para que la medida se cumpla.
Justificación de la medida
El juez justificó el embargo señalando que la solicitud de la Procuraduría es “idónea, necesaria y proporcional”, ya que busca evitar que los bienes sean vendidos, transferidos o gravados por Goray. De este modo, se asegura el pago de una posible reparación civil. La Procuraduría ha fijado una reparación civil provisional de 52 millones 050 mil soles, superior al monto del embargo, lo que fue considerado razonable por el magistrado.
Investigación por corrupción en el sector vivienda
La medida se enmarca en una investigación iniciada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, tras la confesión de Sada Goray, quien admitió haber pagado más de 4 millones de soles en efectivo a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda. Este pago tenía como objetivo obtener contratos para su empresa, MarKa Group, durante el gobierno de Pedro Castillo.
