Desde la pandemia del Covid-19, la minería ilegal ha aumentado dentro del territorio ancestral de la Nación Harakbut, afectando gravemente la vida de sus comunidades. Localizadas en las provincias de Manu y Tambopata, en Madre de Dios, las comunidades de San José de Karene, Barranco Chico, Puerto Luz, Arazaeri, Masenawa, Kotsimba y Boca Inambari son las más impactadas por esta actividad extractiva.
Los efectos de la minería ilegal afectan el ambiente y tienen fuerte impacto social y cultural. La explotación minera está alterando las dinámicas de las comunidades, poniendo en riesgo su forma de vida, su organización social y sus prácticas ancestrales. Además, las comunidades tituladas enfrentan la constante invasión de mineros ilegales, que instalan campamentos donde proliferan la trata de mujeres y niñas, así como el tráfico de combustible, según denuncia la Nación Harakbut.
Concesiones mineras y sus consecuencias
El problema se agrava por la superposición de concesiones mineras en territorio Harakbut. El Estado, con la intención de regular las actividades mineras, creó un “corredor minero”. Este abarca casi medio millón de hectáreas y fue delimitado para organizar las actividades mineras y promover su formalización. Sin embargo, en la práctica, ha facilitado la incursión de mineros ilegales, incrementando la presión sobre los recursos naturales y el territorio de las comunidades Harakbut
Las autoridades Harakbut denuncian que los Gobiernos Regionales y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) están otorgando concesiones mineras sin respetar el derecho de las comunidades a la consulta previa ni a su consentimiento libre, previo e informado. Además, afirman que estas concesiones se entregan sin realizar los estudios de impacto social, ambiental, cultural y espiritual requeridos, lo que agrava aún más la vulneración de sus derechos fundamentales.
Presentan caso Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En un intento por frenar el avance de la minería ilegal, la Nación Harakbut presentó el 30 de diciembre de 2024 una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su informe, las comunidades detallan los impactos de la minería ilegal, especialmente en las comunidades tituladas, y solicitan medidas urgentes para proteger su territorio.
“Esto lo hace el Estado bajo la premisa de que los recursos son de ellos y que pueden concesionarios sin nuestra autorización, generando enfrentamientos entre comuneros y mineros”, declaró una lideresa harakbut ante representantes de la CIDH en una reunión previa a la presentación de la solicitud de medidas cautelares, según informa Aidesep.
A la espera de una respuesta de la CIDH, la Nación Harakbut sigue luchando por la protección de su territorio y la preservación de su forma de vida ancestral frente a la expansión incontrolada de la minería ilegal.