El Congreso de la República denegó la solicitud presentada por Jorge Luis Torres Saravia, exfuncionario parlamentario, para que el organismo asumiera los gastos relacionados con su defensa legal en una investigación abierta por presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible. Según la resolución emitida, la solicitud fue rechazada porque no cumplió con los requisitos establecidos en el reglamento interno del Congreso.
La investigación que involucra a Torres Saravia no tiene relación con actos realizados durante el ejercicio de sus funciones en el Parlamento, motivo por el cual la petición fue considerada improcedente. La investigación está siendo llevada a cabo por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa, y aunque los delitos que se le imputan son graves, no están vinculados a decisiones o acciones realizadas en el marco de su rol en el Congreso.
Rosa Elena Izaguirre Silva, directora general de Administración del Congreso, detalló que la normativa vigente establece que solo se puede otorgar financiamiento para la defensa legal en casos directamente relacionados con el ejercicio funcional de los congresistas o exfuncionarios del Congreso. Dado que los hechos investigados no se corresponden con dicha categoría, el Congreso decidió no financiar los costos legales de Torres Saravia.