Este martes 28 de enero, la Corte Suprema evaluará el recurso de apelación presentado por la defensa de Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior, quien busca ser excluido del proceso penal en su contra por su presunta participación en el intento de golpe de Estado liderado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. La defensa de Sánchez sostiene que la acusación de rebelión es imprecisa y no corresponde a sus acciones, por lo que solicita que se archive el caso.
La audiencia también incluirá la apelación presentada por el teniente de la Policía Nacional, Eder Infanzón, quien busca desvincularse del proceso, utilizando los mismos argumentos que la defensa de Sánchez. Así, la Corte Suprema enfrenta una decisión clave, no solo para los involucrados, sino también para la confianza pública en un sistema judicial que sigue siendo cuestionado, especialmente en un contexto político marcado por la polarización tras los eventos de diciembre.
La resolución podría representar un punto de inflexión en el tratamiento de los casos derivados del fallido golpe de Estado, un episodio que continúa sacudiendo la política peruana y que sigue dividiendo a la sociedad.
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó llevar a cabo un golpe de Estado al enfrentar la inminente pérdida de apoyo político. En un mensaje a la nación, Castillo anunció su intención de disolver el Congreso y gobernar por decreto, además de reestructurar el sistema judicial y convocar a nuevas elecciones. Este acto fue interpretado como un autogolpe.