La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado una denuncia constitucional contra Luis Carlos Arce Córdova, quien ejerció funciones como juez superior, fiscal supremo y miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El magistrado es señalado como presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
La denuncia se origina en los resultados de una exhaustiva investigación realizada por el Ministerio Público, que establece que, durante el período comprendido entre 2009 y 2019, Arce Córdova habría aumentado de manera sustancial e injustificada su patrimonio. Según una pericia contable financiera realizada por expertos en la materia, el incremento ilícito de su patrimonio alcanzaría los S/ 1,394,302.20. No obstante, con la información adicional obtenida durante la investigación, este monto podría ascender a S/ 2,464,224.44.
El informe de la Fiscalía sostiene que Arce Córdova, valiéndose de su poder y de sus funciones dentro del sistema judicial y electoral, habría utilizado su cargo para realizar operaciones financieras y adquisiciones personales incompatibles con sus ingresos legales, lo que configuraría un enriquecimiento ilícito.
En este sentido, la denuncia pone en evidencia no solo el incremento irregular de su patrimonio, sino también un presunto abuso de autoridad por parte de un alto funcionario que, en vez de cumplir con su deber de impartir justicia de manera imparcial y objetiva, habría utilizado su poder para beneficio propio.
El Ministerio Público ha iniciado este proceso con el objetivo de que el Congreso de la República lleve a cabo la evaluación y trámite legislativo correspondiente, en función de los hechos descritos en la denuncia. La Fiscalía reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción, velando por la transparencia en las instituciones públicas y buscando garantizar que los responsables de actos ilegales enfrenten las consecuencias de sus acciones.
La denuncia constitucional presentada es un paso más en el fortalecimiento del sistema judicial y en la lucha contra la impunidad, promoviendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la administración de justicia.