El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acaba de aprobar el reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, con la promesa de mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión de contratos del Estado. A través del Decreto Supremo N° 009-2025-EF, el gobierno asegura que este marco normativo será clave para optimizar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, logrando, en teoría, una gestión pública más ágil y beneficiosa para los ciudadanos. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿será este reglamento la solución definitiva o un parche más en un sistema que sigue siendo vulnerado por la corrupción y la ineficiencia?
A partir de su publicación, el reglamento entrará en vigor en 90 días, lo que da margen para que el MEF despliegue una intensa campaña de difusión y capacitación, especialmente dirigida a los niveles de gobierno nacional, regional y local. El optimismo, claro está, es palpable en los pasillos del Ministerio. La promesa es una administración pública más eficiente, donde la calidad se anteponga al precio, a través del principio del “Valor por Dinero”. Dicho principio propone priorizar el valor real que el Estado obtiene con cada contratación, en vez de seguir el esquema tradicional que favorece la adjudicación al más barato, independientemente de la calidad. En principio, un cambio positivo, pero que deja muchas interrogantes sobre su implementación real.
¿Se priorizará realmente la calidad?
La implementación de este concepto tiene un doble filo. Por un lado, se espera que las entidades públicas maximicen el uso de los recursos, buscando proyectos que no solo sean más baratos, sino que también ofrezcan un valor real en términos de eficiencia y durabilidad. Pero, por otro lado, la realidad en el terreno suele ser otra: las malas prácticas, la falta de fiscalización adecuada y la influencia de intereses políticos pueden socavar el objetivo de priorizar la calidad. Aún queda por ver si la burocracia y la corrupción, enemigos históricos de la transparencia en el sector público, permitirán que este nuevo enfoque prospere.
Además, el reglamento introduce procedimientos de selección más modernos, como las compras públicas de innovación y las compras centralizadas. Mientras que la idea de centralizar compras suena a una medida eficiente, en la práctica podría terminar beneficiando a unos pocos proveedores cercanos al poder, con el riesgo de aniquilar la competencia. ¿Serán estos mecanismos una herramienta para la modernización del Estado o, como muchos temen, una puerta abierta para el clientelismo político?
Los contratos de obras: ¿un cambio real?
Otro aspecto que promete ser una revolución es la modernización de la gestión de los contratos de obras. El reglamento busca facilitar la ejecución de proyectos y evitar la paralización que ha marcado la historia de varias obras públicas emblemáticas. En este punto, la creación de una Junta de Prevención y Resolución de Disputas parece una medida necesaria. Sin embargo, la verdadera preocupación radica en la capacidad de esta junta para operar sin verse arrastrada por intereses políticos y económicos que podrían desvirtuar su propósito original.
Los contratos de obras han sido, durante años, un campo fértil para el crecimiento de la corrupción y los sobrecostos. Si el reglamento logra efectivamente reducir los conflictos y acelerar la ejecución de proyectos, podría ser un avance importante. Pero la experiencia demuestra que, en muchos casos, la resolución de disputas termina siendo una mera formalidad que no resuelve los problemas subyacentes del sistema.
Un paso hacia la OCDE, o más de lo mismo
Este reglamento no es solo un ajuste técnico en la administración pública, sino también una pieza clave dentro de las reformas necesarias para que Perú logre su ansiada adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). En ese sentido, la aprobación de este reglamento es un paso hacia la modernización y la mejora de la competitividad del país. Sin embargo, el desafío sigue siendo el mismo: transformar las buenas intenciones en resultados tangibles.
En los próximos tres meses, el MEF deberá demostrar que, además de los anuncios y las leyes, existe un compromiso real con la transparencia y la mejora del sistema de contrataciones públicas. Para ello, será crucial que no solo se implemente un reglamento más eficiente, sino que también se logre una fiscalización efectiva y se destierre la sombra de la corrupción que persigue al Estado peruano.
¿Será este el principio del fin de la burocracia corrupta o solo una ilusión más?
La respuesta, como siempre, dependerá de la capacidad de los ciudadanos, los medios de comunicación y la sociedad civil para exigir que, en esta reforma, no solo cambien las normas, sino también los hábitos y la cultura política que siguen arrastrando al país hacia el atraso y la ineficiencia.