En un giro sorprendente en la política peruana, el partido Ciudadanos por el Perú (CPP) ha sido oficialmente inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), convirtiéndose en la 40ª agrupación habilitada para participar en las elecciones generales de 2026. Esta inscripción, realizada el 15 de enero, no ha estado exenta de polémica, puesto que se produce justo tras la anulación de la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte y señalado como líder de una presunta organización criminal en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.
Un Partido en el Ojo del Huracán
El CPP, registrado en el puesto 13 de la lista de organizaciones políticas y con sede en Villa María del Triunfo, ha generado suspicacias desde su creación. Los personeros legales, Luciano Murrugarra y Nilda Bravo, se encuentran en el centro de un entramado que, según las investigaciones, vincula a Nicanor con prácticas corruptas. La Fiscalía sostiene que el hermano de la presidenta exigía pagos ilícitos a cambio de nombramientos políticos, alimentando así las bases de un partido que parece haber sido diseñado para respaldar a la mandataria.
El Poder Detrás del Trono
Las acusaciones no se detienen ahí. Varios testimonios apuntan a que Nicanor Boluarte operaba desde su oficina en San Borja, en coordinación con figuras cercanas a Dina Boluarte. Un revelador testimonio de Teodoro Berrú Zurita, excolaborador de la presidenta, sugiere que las decisiones para nombrar a funcionarios clave, incluidos prefectos y subprefectos, se tomaban en reuniones lideradas por la jefa de Estado. “La primera palabra la tiene Dina Boluarte y la última Nicanor”, afirmó Berrú, revelando un esquema que podría tener repercusiones significativas no solo para Nicanor, sino también para la presidenta.
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Un Futuro Electoral Incierto
La reciente revocación de la prisión preventiva de Nicanor, decidida por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, ha encendido aún más el debate público. La decisión no solo parece favorecer a los Boluarte, sino que también plantea preguntas sobre la integridad del proceso judicial en un contexto de acusaciones tan graves.
Mientras tanto, el JNE ha pronosticado que hasta 50 partidos podrían competir en las elecciones de 2026, un número que subraya la fragmentación política del país. Con un plazo que se extiende hasta antes de la convocatoria electoral, la incertidumbre sobre el número exacto de candidatos y partidos se mantiene en el aire.
Reflexiones Finales
La inscripción de CPP y la anulación de la prisión preventiva de Nicanor Boluarte son solo capítulos de una narrativa más amplia que envuelve a la política peruana en un manto de sospechas y controversias. Con las elecciones a la vista, el país se enfrenta a un dilema: ¿será posible un cambio real o continuaremos atrapados en el ciclo de corrupción y manipulación? La respuesta, como siempre, dependerá de los ciudadanos peruanos y de su capacidad para exigir transparencia y rendición de cuentas en el proceso político.