El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, ha presentado observaciones a la autógrafa de ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida que considera peligrosa para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Según Arana, la aplicación de esta medida podría vulnerar la presunción de inocencia, un principio clave del estado de derecho, al permitir que los fiscales recurran a la detención preventiva como una solución rápida, en lugar de realizar una investigación exhaustiva y adecuada.
El ministro enfatizó que no puede existir un estado de derecho en el que los fiscales se limiten a arrestar a una persona para investigarla después. En su lugar, la investigación debe ser el primer paso, y las detenciones preventivas deben ser una excepción, no la norma. También cuestionó la tendencia de algunos jueces a ordenar detenciones sin verificar previamente si hay razones suficientes para ello.
Arana hizo un llamado al Congreso, instando a los legisladores a tomar en cuenta la postura del Ejecutivo y a reconsiderar la propuesta, para evitar que se generen abusos en el sistema judicial. Según el ministro, el objetivo es proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar un proceso judicial justo y respetuoso de la ley.