La entidad que promueve la oferta de áreas promocionales de hidrocarburos en Perú, Perupetro, sigue buscando inversores para la explotación de petróleo y gas natural en la Amazonía peruana y, por ello, ha confirmado su participación en el evento internacional “Latin America & Caribbean Energy Summit” que se realizará del 19 al 21 de noviembre en Punta del Este, Uruguay, advierte la asociación civil peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
La empresa estatal Perupetro sigue firme en su decisión de impulsar actividades de hidrocarburos a pesar de las preocupaciones de diversos expertos, y de alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones indígenas peruanas por el impulso de 39 áreas promocionales y la firma de 3 convenios de evaluación técnica en la Amazonía peruana.
En ese marco, Perú intensifica el impulso a las energías fósiles aún cuando el mundo se encuentra discutiendo mecanismos de transición hacia energías limpias y debatiendo la urgencia de compromisos nacionales más exigentes para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la cumbre mundial sobre el clima COP29, actualmente en desarrollo.
Roadshow en Uruguay
Como lo había planificado en su Plan Promocional de 2024, Perupetro estará en el pabellón internacional del “Latin America & Caribbean Energy Summit” y tendrá una presentación denominada “Oportunidades de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas en Perú”, a cargo del presidente de su directorio, José Adrián Mantilla Castillo. En este mismo Plan, también se señala a las empresas interesadas como Exxon Mobil, Chevron, Repsol y Total, quienes también participarán en este evento. La actividad contará con un espacio de negociación privada para poder tener reuniones con posibles inversionistas, donde se darán cita los altos ejecutivos de estas empresas.
Cabe destacar que las áreas promocionales se superponen con más de 4 millones de hectáreas de territorios indígenas, que involucran a 21 pueblos indígenas, a los que no se les está garantizando derechos como la consulta previa. También se superponen a tres Reservas Indígenas y 1 Reserva Territorial, donde viven Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), altamente vulnerables ante el contacto externo.
“También preocupa que estas áreas promocionales incluyan parte del territorio de áreas naturales protegidas, incluso del Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde por Ley están prohibidas la extracción de recursos naturales”, señala Sofía Rodríguez, especialista de DAR. A pesar de ello, el Estado peruano pretende suscribir allí un convenio de evaluación técnica, lo que vulneraría el mandato constitucional de protección de la biodiversidad y todo el sistema de áreas naturales protegidas del Perú.
“Cualquier empresa seria, que tenga políticas de sostenibilidad y de respeto de derechos humanos -que incluyen los ambientales- debe conocer previamente lo que implica esta promoción: un intento de reducción de la protección ambiental en una de las zonas más biodiversas del mundo. No se pueden promover actividades productivas en desmedro de áreas protegidas que tienen protección constitucional”, enfatiza César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental.
Diversas organizaciones de sociedad civil y organizaciones indígenas de Perú vienen realizando un llamado a una inversión responsable a las empresas a través de una Carta Abierta, donde les instan a que reevaluar su potencial intervención en estas condiciones y a que cumplan con el respeto al marco legal de protección de derechos humanos, especialmente referidos a los PIACI y al cuidado de la Amazonía, que siendo tan vulnerable y frágil, es el último pulmón del planeta.
Finalmente, en el evento también se desarrollarán diferentes conferencias, como la titulada “Gas natural: seguridad energética e impulso para la transición energética”; ello aún cuando el gas natural no sería necesariamente una energía limpia, por las emisiones de gases de efecto invernadero que produce, y que, además, en el caso peruano no ha traído beneficio para los actores locales ni ha servido para cerrar las brechas de desigualdad de los pueblos indígenas respecto al acceso a servicios básicos. Un ejemplo tangible es el caso del proyecto de gas de Camisea, donde a pesar de que cumple 20 años; las comunidades Machiguengas cercanas a sus instalaciones aún no cuentan con acceso a energía.