El asesinato de una familia de tres ciudadanos extranjeros a manos del suboficial de la Policía
Nacional, Salomón Quispe Mamani conmocionó al país. El Juzgado de Investigación
Preparatoria de Pueblo Nuevo (Ica), le impuso 18 meses de prisión preventiva. Con un proceso
sumario, sería sentenciado en un plazo de tres meses, pese a que fue detenido en flagrancia.
En un proceso regular, la sentencia podría demorar más de un año; y si hubiera sido procesado
en una Unidad de Flagrancia (UF), la sanción se habría dado en un plazo máximo de 72 horas.
El problema es que la región Ica aún no cuenta con una UF; esta empezaría a funcionar en
octubre de este año.
Estas unidades albergan en un solo lugar, al Poder Judicial (PJ), al Ministerio Público (MP), a la
Policía y a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia. O al menos, así debería ser porque en
la práctica, la mayoría de estas no cuentan con la presencia permanente de fiscales.
Desde el 2022, año en el que se implementó la primera UF en La Libertad, hasta inicios de
junio de este año, se han procesado 5361 casos en las 11 unidades que existen a nivel
nacional. De esa cantidad, se emitieron 4620 sentencias, es decir, se resolvió el 86,18 % de los
casos.
Lo llamativo, sin embargo, es que los más de 5000 casos corresponden a un universo de 64 165
detenidos por la Policía Nacional; es decir, solo el 8,36 % de los detenidos ingresan a las UF. No
necesariamente toda detención en flagrancia llega a la unidad.
El presidente de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima Sur, el juez Marco Antonio Angulo
Morales, explicó a CARETAS que, en muchos casos, el MP aplica el principio de oportunidad, en
el que se produce una suerte de conciliación en el que los casos se resuelven sin llegar a la UF.
“En la mayoría de casos los procesos concluyen con una salida alternativa. Los abogados
prefieren una terminación anticipada donde se acuerdan las penas y la reparación civil”,
señaló.
En julio del 2024, la UF de Lima Sur ingresó 30 casos –con un total de 14 sentenciados– de un
total de 698 detenidos. Los delitos que se ven con mayor frecuencia en esta unidad son el
hurto, la violencia contra la mujer y la conducción en estado de ebriedad, pero también han
llegado casos de homicidios culposos, tocamientos indebidos y hasta proposiciones a menores
de edad.
A diferencia de otras UF, la de Lima Sur tiene personal fiscal permanente y dedicado a los casos
de flagrancia, lo que permite que los casos se resuelvan en un promedio de 38 horas. Lo que
debería ser la regla, es una excepción que se dio gracias a la coordinación con la Junta de
Fiscales de esta parte de la capital.
“Debería existir un pool de fiscales con una permanencia de 24/7, porque de lo contrario
desnaturalizamos un poco el fin de la UF y el trámite del proceso inmediato (…) es un tema de
voluntad”, sostuvo el magistrado.
Tracy Quijano, administradora del módulo penal de la UF de Lima Sur, nos dijo que hay una
gran cantidad de casos que no llegan a las UF porque pasan a procesos comunes producto de
una descoordinación entre la Fiscalía y la Policía que harían que se venzan los plazos de
flagrancia.
La funcionaria explica que la UF de Lima Sur aspira a pasar de ser una unidad piloto a ser una
unidad modelo, para contar con el presupuesto adecuado que les permita implementar
laboratorios que faciliten la investigación policial a fin de que todos los procesos puedan
realizarse en el mismo lugar, optimizando el trabajo. También explica que estas carencias
también dificultan que el MP “alimente” a las UF.
Uno de los casos más sonados resueltos en la UF de Lima Sur fue la sentencia a tres años de
prisión suspendida al ciudadano chileno Ignacio Amunátegui Halyburton por haber pintado los
vagones del tren eléctrico en Villa María del Triunfo.
“Las UF funcionan si son alimentadas con requerimientos de procesos inmediatos. Si el MP no
requiere procesos inmediatos, no se va a poder percibir que existe un incremento considerable
de sentencias contra este tipo de delitos”, insiste el juez Angulo.
En marzo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Flagrancia de la CSJ
de Lima Centro sentenció a cinco años y cuatro meses de prisión y la posterior expulsión del
país, al ciudadano venezolano Jesús Eduardo Valero Gómez, quien con cuchillo en mano robó
una mochila que contenía un celular y tarjetas de crédito a una mujer que transitaba por el
jirón Cañete del cercado de Lima para ir a su trabajo.
En esta UF se ha logrado sentenciar a 408 personas de un total de 552 detenidos; los casos
más comunes son los de hurto agravado, violencia familiar y desobediencia a la autoridad,
pero también han recibido casos de receptación, estafa agravada, acoso, usurpación y tenencia
ilegal de municiones.
De hecho, en la UF de Lima Centro, sentenciaron a 17 años y seis meses de prisión a Wilder
Edison Espinoza Huanhuayo, quien intentó robar un celular introduciendo la mitad de su
cuerpo por la ventana del vehículo en el que viajaba su víctima. En el forcejeo, el agraviado
resultó lesionado.
La presidenta de la CSJ de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, explicó que su UF solo tiene
competencia en cuatro distritos: Breña, Cercado de Lima, el Rímac y Jesús María. Pese a que
no tienen la presencia permanente de fiscales, han logrado sentenciar en plazos de 24 y 48
horas. Incluso, cuentan con el récord de haber logrado una sentencia en cuatro horas y media
contados desde la detención. “Sí hay una respuesta contundente”, sostiene.
Sin embargo, la jueza Vidal también indica que a la UF de Lima Centro no llega la cantidad de
casos que esperarían. “Del universo de detenidos, un 10 o 15 % son los que pasan a nuestra
unidad, pero es un tema presupuestal porque quizás la Fiscalía no se da abasto para incubar
proceso inmediato y que llegue a nuestra unidad, porque les falta personal”, indica.
Para potenciar el trabajo de la UF, la magistrada señala que aspiran a tener un laboratorio de
criminalística que permita que los exámenes toxicológicos, las pruebas de absorción atómicas,
entre otras, se hagan en la misma unidad para ganar tiempo.
Esta opinión es compartida por el excomandante general de la Policía, Jorge Angulo, quien
estimó que se debe invertir en estas unidades para que se pueda contar con la cantidad
necesaria de fiscales, así como con los laboratorios y los implementos necesarios para que la
Policía pueda trabajar eficientemente.
“La idea es buena y puede funcionar, pero hay que invertir. La Policía no tiene ni laboratorios,
tiene que venir a Lima, que está saturado, por eso se demora la carga procesal”, apuntó.