La Subsecretaría General del Despacho Presidencial declaró improcedente la solicitud que presentó el expresidente, Pedro Castillo, para que la entidad pague por su defensa legal en el proceso que se le abrió por su supuesta coordinación en la designación de personal de Palacio de Gobierno y de AgroRural.
Sin embargo, la resolución 79-2024-DP/SSG determinó que este beneficio no le corresponde al exmandatario debido a que los hechos que el Ministerio Público le imputan no pueden ser catalogados como delitos de función.
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“Los hechos materia de investigación en contra del señor Pedro Castillo, como presunto instigador de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, no se encuentran vinculados al ejercicio regular de sus funciones como presidente de la República”, dice el documento.
Cabe señalar que la norma exige que los servidores que sean encontrados responsables de los delitos que se les imputan deben devolver el monto que el Estado les asignó para costear su defensa legal.