En agosto de 2022, Olivia Bisa Tirko hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra. Desde entonces, su liderazgo está marcado por una lucha tenaz en defensa de su pueblo. Sin embargo, esta resistencia viene acompañada de amenazas de muerte y ataques que la fuerzan a vivir en constante desplazamiento. En Inforegión, analizamos en profundidad su caso y los desafíos que enfrenta.
La Nación Chapra, ubicada al oeste del departamento de Loreto y al noroeste de la provincia del Datem del Marañón, es un pueblo indígena que vivió durante décadas en equilibrio con su entorno natural. No obstante, la expansión de las industrias extractivas y economías ilegales ha puesto en peligro esta armonía. Olivia es testigo directo de los devastadores impactos de estas actividades en su territorio, hechos que no duda en denunciar públicamente.
Un desastre ambiental y la búsqueda de remediación efectiva
Para comprender el origen de las denuncias que persisten hasta hoy, es necesario retroceder dos años. Apenas un mes después de asumir el cargo, el 10 de septiembre de 2022, Olivia recibió una llamada urgente. Un derrame de petróleo había ocurrido en el km 177 del oleoducto norperuano, operado por Petroperú. Este desastre ambiental afectó a cinco comunidades chapra y contaminó varias fuentes de agua. “Ver imágenes de un derrame de petróleo en otros lugares es muy diferente a experimentarlo en carne propia. Es algo que te transforma”, relata Olivia.
Ante la gravedad de la situación, se pronunció para exigir una remediación efectiva. Envió cartas a la Oefa, a Petroperú y a la Red de Salud Datem del Marañón. “No queríamos que este derrame avance más allá porque teníamos tres proyectos de cocha de pesca artesanal en riesgo”, explica. Bajo su liderazgo, la Nación Chapra, objetó la contratación de empresas remediadoras enviadas a su territorio, denunciando su historial de incumplimiento de obligaciones laborales y manejo ineficiente de desechos tóxicos.
Acoso judicial y primeras amenazas
La lucha de Olivia por la justicia ambiental pronto se convirtió en un calvario personal. Petroperú interpuso una denuncia en su contra. “Yo dije cuál es el delito que he hecho, prácticamente me están criminalizando, no es un delito pedir que reparen el daño que han hecho. Fue una sorpresa, pero seguí porque no podía callarme”, recuerda. Después de meses de batalla legal esta denuncia fue archivada, pero evidenció los riesgos que enfrentan quienes desafían los intereses corporativos en la Amazonía.
A pesar de ello, Olivia continuó siendo un blanco. Comenzó a recibir amenazas de muerte a través de llamadas anónimas con insultos denigrantes. Estas llamadas se prolongaron casi dos años. “Somos luchadores, somos defensores, pero también somos seres humanos con sentimientos”, lamenta. La situación se agravó cuando encabezó, en marzo de este año, una protesta en Estados Unidos contra la explotación del Lote 64 del oleoducto norperuano y los principales bancos que financiaban a Petroperú, como Citibank, JPMorgan Chase, HSBC, entre otros.
Tras este suceso, las amenazas alcanzaron un nivel alarmante al incluir a sus hijos. “Yo tengo dos bebés. Yo tenía que buscar la manera de cómo salvaguardarlos”, expresa. La lideresa se vio obligada a vender su casa en San Lorenzo, buscar refugio y cambiar a sus hijos de colegio hasta en cuatro ocasiones en medio de traslados continuos.
Una lucha en múltiples frentes
Estos hechos convirtieron a Olivia en una adversaria para quienes impulsan la extracción petrolera en su región. Pero también su firme oposición a la construcción de la carretera Iquitos-Saramiriza, que atravesaría tierras de la Nación Chapra, y sus denuncias sobre la incursión de narcotraficantes y taladores ilegales en su territorio, le dieron nuevos enemigos. A inicios de este año, Bisa denunció un intento de complot que buscaba destituirla en su ausencia.
Las amenazas contra Olivia no se limitan a llamadas anónimas. El 23 de enero de este año, denunció a Walter Salinas por amenazarla de muerte en su vivienda. Esta agresión verbal respondió a una denuncia de la lideresa contra la madre del sujeto por apropiación ilegal de terrenos y tala ilegal. También reportó a Henry del Águila por amenazas, dado que días antes acudió al Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Loreto para denunciar que este había ejercido violencia contra su esposa e hija.
Amenazas persisten hasta hoy
Ante las primeras amenazas, los aliados de Olivia le ofrecieron trasladarla temporalmente a otro país, pero ella se negó. “Yo tengo que estar en mi territorio, tengo que seguir vigilando mi territorio porque está siendo amenazado por el sector de hidrocarburos, madereros ilegales. Tenemos muchos problemas de invasiones territoriales, mayormente por intereses extractivistas, así que yo tengo que estar aquí”, explica.
Pero las amenazas no cesan. Hasta el día de hoy, Bisa sigue recibiendo llamadas anónimas y, en algunos días, ha llegado a recibir hasta 10 de estas. Una situación que limita su capacidad para desempeñar su labor de defensa, ya que debe moverse constantemente para protegerse. A pesar de los riesgos para su seguridad, su compromiso con la Nación Chapra la impulsa a regresar a su comunidad.
La lideresa también mantiene nuevas medidas de autoprotección. “Tengo que tomar más de tres o cuatro rutas diferentes cada vez que me traslado desde mi comunidad hacia una institución, para comprar o para ver a mis hijos que no viven en la misma ciudad que yo”, señala. “Lo que hago es asegurarme de tener mi propia defensa, buscando los medios necesarios para cuidar de mí y de mis hijos”.
La respuesta insuficiente del Estado: “Un papel no va a detener una bala”
La experiencia de Olivia con el sistema de protección nacional para defensores ambientales ha sido “insuficiente y burocrática”. “Cuando me comunicaba con el Ministerio de Justicia, me dijeron que tenía que salir de ahí, pero cómo iba a hacerlo (…) Para entrar en la lista de defensores en riesgo tienen que pasar dos años, dos años donde te dicen que salgas, pero a la vez que no tienen presupuesto para movilizarte”, relata con frustración.
Bisa expresó su descontento con la falta de acciones tangibles, a pesar de estar en la lista de defensores ambientales en riesgo: “Lo que yo pido es que ya basta de documentos, queremos acciones concretas. Si bien es cierto yo tengo un documento que me dice que me prestan garantías, pero con qué policía si no hay suficientes efectivos policiales”, reclama. “Me dan puros papeles, si yo veo al enemigo de frente usted cree que un papel va a detener una bala”, enfatiza.
Exige una protección efectiva ante nuevas amenazas
La experiencia de Olivia expone, una vez más, las deficiencias del sistema de protección a defensores ambientales en el país. Su situación muestra la vulnerabilidad de quienes defienden el territorio y los derechos indígenas en el país. También evidencia la urgente necesidad de implementar medidas específicas y efectivas, fortalecer los mecanismo de seguridad, apoyo legal y reconocimiento.
Es además, una de las pocas mujeres peruanas que lideran espacios de gobernanza indígena, así como madre de dos hijos. Su lucha, como la de otros defensores en riesgo, no debería exponerla al peligro de sumarse a la alarmante lista de defensores ambientales asesinados en Perú. “No sé hasta cuándo va a entender el Estado que no se necesita dar condolencias, se necesita dar garantías para salvar vidas”, concluye la lideresa.