El congresista de la bancada Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó un proyecto de ley que busca sancionar a los operadores de justicia que liberen irregularmente a las personas que hayan sido detenidas por la Policía Nacional en estado de flagrancia, siempre que hayan cometido delitos cuya pena de cárcel sea mayor a los cinco años.
En efecto, la propuesta busca que se considere una falta muy grave si un fiscal libere a un detenido en la situación ya descrita, o si no piden la prisión preventiva contra los detenidos en situación de flagrancia cuando se cuenten con los medios probatorios que justifiquen esta medida. En el caso de un juez, se considerará prevaricato si incurre en esta práctica.
La iniciativa de Muñante también busca sancionar a los funcionarios de justicia que facilite información reservada que conozca debido al cargo que ostentan.
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Muñante justifica su propuesta en el “desprestigio” que jueces y fiscales harían de sus respectivas instituciones al liberar a peligrosos delincuentes al señalar que no cuentan con elementos de convicción que permitan su detención por más tiempo o que el plazo de 48 horas para las detenciones es insuficiente.
También señala que su propuesta normativa es de vital importancia por la proliferación de bandas criminales que son capturados por la Policía para posteriormente ser liberados por jueces y fiscales y volver a delinquir.
Asimismo, se basa en una declaración del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien sostuvo que “los jueces que liberen a delincuentes deben ser inhabilitados”.