La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra como presunta autora de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los DD. HH.
La denuncia también recae a Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, en condición de presidentes del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda y Jorge Luis Chávez Cresta, en condición de ministros de Defensa; César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, en condición de ministros del Interior, como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de:
i) Homicidio calificado, a título de comisión por omisión [omisión impropia] – dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Cristian Álex Rojas Vásquez, y otros.
ii) Lesiones graves, a título de comisión por omisión [omisión impropia] dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Teófilo Ramírez Ortega y otros.
iii) Lesiones leves, a título de comisión por omisión [omisión impropia] – dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Miguel Ángel Velásquez Chilingano y otros.
Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad. De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos).
De la misma forma, se ha expedido disposición fiscal de archivo por delito de genocidio imputados a los referidos investigados.
Es importante señalar que, además, existen 303 carpetas fiscales, en los distritos fiscales de las regiones antes señaladas, en las que se viene investigando a 824 personas por hechos vinculados a la presunta comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones, en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.