Exclusivo | Legado de Sospechas

Por: Bryan Condor | Millonarios contratos en el proyecto adscrito a la PCM se dieron a empresas que acreditaron experiencia en entidades que no existían o que no cumplían con los requisitos.

por Edgar Mandujano

Una serie de irregularidades en tres millonarios procesos de selección convocados por el proyecto especial Legado –adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros– genera preocupación por los perjuicios que podría generar a la entidad.

Por ejemplo, el pasado 27 de marzo, la entidad convocó a un procedimiento de selección para el mantenimiento de áreas verdes y sistema de riego tecnificado para las sedes de Legado. La Buena Pro se dio al consorcio Perú –integrado por las empresas ELM Global Company SAC y Pegasus Ingeniería– por la suma de S/ 4 260 744.

Sin embargo, el consorcio habría dado información inexacta al momento de acreditar su experiencia, ya que la habría sustentado en supuestos servicios de mantenimiento de áreas verdes y sistemas de riego para los complejos deportivos San Lorenzo (Trujillo) y Villa Sport Santa Catalina, sedes Chimbote y Arequipa. El problema es que estos complejos deportivos no existen.

Otra de las irregularidades habría sido la tercerización del comité de selección, pese a que la ley solo contempla que se contrate a un tercero en el caso de que la entidad no cuente con un especialista en el sector cuyo servicio se quiere contratar. En la Unidad de Operaciones y Mantenimiento de Legado, había 64 especialistas, pero aún así contrataron vía orden de servicio a Rudrick Humberto Olano Altamirano, Harold Jahir Paz Winchez y Manuel Alejandro Barja Ninaya para que se hagan cargo del proceso.

Esta no sería la única vez que se habría incurrido en esta irregularidad. El 2 de abril, Legado convocó a una nueva convocatoria para la custodia, almacenamiento y distribución de los bienes de Legado. El contrato lo ganó el grupo Paramundo SAC, al ofertar S/ 6 959 050. Sin embargo, la Buena Pro se le habría concedido pese a que no cumplía con los requisitos establecidos en las bases.

Por ejemplo, se requería que la empresa ganadora de la Buena Pro tuviera 75 trabajadores, pero Paramundo SAC solo tendría 47. También se cuestiona que si bien, ofrecieron como un adicional, a conductores para los vehículos necesarios para hacer la distribución de los bienes de Legado, todos ellos tenían papeletas.

Carlos Manuel Alarcón Medina, Christian Robert Ríos Flores y Juan Antonio Aranda Díaz fueron tercerizados para formar el comité de selección a pesar de que la Unidad de Almacenamiento y Distribución tenía 18 especialistas que podían hacerse cargo del proceso.

Tal vez el caso más escandaloso corresponde al proceso que se convocó el 25 de abril para seleccionar a un proveedor del servicio de limpieza y desinfección de sus instalaciones. El ganador fue el consorcio Rosvel – Mega –integrado por Rosvel Limpieza Integral y Servicio de Representaciones, Consignaciones y Limpieza Mega Integral SAC–, tras ofertar S/ 16 490 700.

Uno de los requisitos establecidos en los términos de referencia del contrato, era que el consorcio ganador debía acreditar haber facturado S/ 30 000 000 por servicios similares en el sector público o privado en los ocho años anteriores; sin embargo, la partida registral 15567011 evidenciaría que Rosvel fue creada en febrero de 2024 y que fue emisor electrónico el 31 de mayo, el mismo día que obtiene la Buena Pro.

Además, en la dirección que acreditó la empresa en Jesús María, solo habría una casa donde no hay señales de que funcione como un centro de trabajo.

Se cuestiona, además, que Rosvel se haya comprometido a asumir la responsabilidad en caso de que no se llegue a prestar el servicio, pese a que, de las dos empresas del consorcio, es la que tiene menor experiencia y su capital social no alcanza para cubrir el monto del contrato.

Llama la atención que Christian Orlando Rosas Velásquez, de solo 22 años, suscriba 82 000 acciones de Rosvel, cuyo valor es de S/ 82 000, pese a que no cuenta con un RUC que valide la obtención lícita de esta suma de dinero y que no tiene grados académicos ni título profesional.

Otro de los requisitos era que los siete supervisores de campo tengan una serie de capacitaciones, sin embargo, estas habrían sido emitidas por empresas cuya actividad no era la enseñanza. Es el caso del certificado del curso de manejo seguro y dosificación de productos químicos emitido por la empresa Servicios y Limpiezas Tecnificadas Serlitec SAC y el certificado en ecoeficiencia y manejo de residuos sólidos emitido por Soluciones Integrales Consultoría y Entrenamiento. En este último caso, quien suscribió los certificados fue Víctor Rolando Martínez Becerra, pese a que no aparece habilitado en la página del Colegio de Ingenieros del Perú.

Nuevamente, el comité de selección estuvo presidido por Carlos Manuel Alarcón Medina, quien estuvo otra vez como tercerizado. Lo acompañaron Renzo Gonzalo Lévano Suero y José Antonio Suero Pinedo, pese a que había 64 trabajadores con el conocimiento técnico para llevar a cabo el proceso de selección.

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