El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial tuvo que suspender la audiencia en la que se evaluaría el pedido de prisión preventiva por 36 meses que la Fiscalía solicitó que se imponga al ex directivo de la empresa Odebrecht, Jorge Barata.
Esto se dispuso debido a que el juzgado no había notificado debidamente al ejecutivo brasilero en la residencia de su país natal, pese a que la ley señala que las personas deben ser notificadas en su domicilio real.
En declaraciones para Perú 21, el abogado César Nakazaki señaló que la notificación debió habérsele mandado en su lengua materna, el portugués; en ese caso, el documento deberá ser traducido oficialmente.
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Cabe señalar que la fiscal Geovana Mori hizo este requerimiento porque señalaba que Barata Simoes no había cumplido con el acuerdo de colaboración eficaz al no reconocer haber pagado sobornos para asegurar que Odebrecht se hiciera con el contrato del Gasoducto Sur.
Según Nakazaki había dicho a RPP, Barata no tuvo la necesidad de sobornar a los funcionarios del gobierno del expresidente, Ollanta Humala, porque consideró que el aporte de USD 3 000 000 que hizo a la campaña del Partido Nacionalista era una “llave” para que el Poder Ejecutivo lo escuchara.