El contralor general de la República, Nelson Shack, se encuentra en el tiempo suplementario de su gestión. Con el tiempo de su gestión de siete años culminado, a Shack le ha tocado trabajar nada menos que con seis presidentes. Hoy espera que el Congreso designe a su sucesor, pues la reciente ley 32073 le obliga a quedarse en el puesto hasta que esto ocurra. CARETAS conversó con el contralor en la Escuela Nacional de Control, luego de la presentación del último Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (Inco).
El jueves 11, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió mediante un comunicado sobre un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para que el Congreso de la República para que el Congreso apruebe una serie de créditos suplementarios asociados a mayores gastos. En esa lista se incluye una disposición “que recorta la capacidad operativa de la CGR, generando el riesgo de que las actuales y nuevas inversiones no cuenten con el control adecuado, no se evidencien irregularidades, ni se emitan las alertas necesarias para detectar y evitar casos de corrupción. La novena disposición complementaria modificatoria afecta nuestra autonomía, al condicionar presupuestalmente las atribuciones constitucionales del control”.
Esta disposición, introducida aparentemente como un “contrabando”, busca reducir el presupuesto destinado al control concurrente de la Contraloría, del 2% de las obras controladas al 0.5%. El PL que debe ser votado por la Comisión Permanente hasta el viernes 19, denuncia la institución, introduce “sin discusión ni opinión técnica, una reducción sustancial del financiamiento del control concurrente, sin considerar que esta modalidad ha demostrado científicamente un ahorro al país por más de 1000 millones de dólares en los últimos cinco años y que las inversiones bajo este control avancen 30% más rápido”.
La CGR advierte que, de aprobarse la disposición, se desmantelarían los Órganos de Control Institucional (OCI) y se despedirán a miles de auditores a partir de enero de 2025. Recientemente, la CGR dispuso más de 690 OCI dejen de depender administrativamente del Poder Ejecutivo. De ese modo se reforzaba la autonomía, pues el controlado dejará de pagar los sueldos de los auditores. “Ese proceso quedará trunco si se aprueba la novena disposición complementaria modificatoria”, remarca la CGR, que añade que se pasaría de 56 mil intervenciones de control realizadas en 2023, a solo 14 mil en promedio. La cobertura de control, hoy de 67%, pasaría apenas al 27%, a niveles del 2017.
“Alertamos sobre cualquier intento subalterno de pretender condicionar el control en la medida de intereses lejanos al real bienestar de los peruanos”, concluye la Contraloría. Y su titular es igual de enfático.
–¿Cuáles son las tendencias más marcadas del Inco 2023?
Llama la atención que gracias al esfuerzo no solamente de la Contraloría, sino de muchos actores del ecosistema de control, la prensa, sobre todo, la evolución tendencial de los riesgos de corrupción, de la inconducta funcional en el Perú, se están reduciendo. Miras los mapas y cada vez están menos intensos en sus colores. Es absolutamente consistente con la estimación que hace la Contraloría. Durante los últimos cinco años, gracias a toda la reforma del control, pero no solamente a ella, sino a la operación del ecosistema, es que antes, en el año 2019 perdíamos 15 soles de cada 100 soles que gastaba el Estado. Ahora, en el 2023 hemos perdido 12 soles y medio, que todavía es mucho pero bastante menos. Es una reducción de más de 4.500 millones de soles que se han reducido de la corrupción y la inconducta funcional y por tanto se han liberado para que se hagan más cosas en el Estado. Pero aun así son 12.5%
–¿Qué es lo que está faltando?
La tendencia es la correcta. El problema es la velocidad del cambio que está asociada esencialmente ya no a la reforma del control gubernamental, porque la reforma ya se ha hecho. Hasta que no se hagan las otras reformas que requiere el Estado peruano los esfuerzos del Sistema Nacional de Control, por su propio marco constitucional y legal, tienen un límite. En primer lugar, en el Perú hay demasiada impunidad en términos de sanción efectiva. Mira nomás cuánto se demoran los procesos judiciales, mira cuánto se demoran las investigaciones fiscales. El año pasado hemos imputado a 9300 funcionarios públicos y ninguno es sancionado después de un semestre. Entonces, una reforma fundamental es la del sistema de justicia. Otra es la un servicio civil meritocrático de carrera.
–Y a Servir lo has dejado en su mínima expresión.
Así es. Y de hecho la gran apuesta fue hacer Servir. Como por miles de razones eso no ha funcionado a la expectativa que todos teníamos entonces ahora hay una corriente de pensamiento que dice bueno, hay que eliminarlo. En lugar de eliminar, lo que tienes que hacer es mejorarlo, es potenciarlo. La otra cosa que hay que hacer es atajar el problema de la corrupción con una reforma política que se concentre no sólo en los temas como bicameralidad, sino que mire cómo transparentar el financiamiento de las campañas electorales, porque es ahí donde la corrupción que proviene de la economía ilegal, la tala ilegal, la minería ilegal, penetra el vértice del poder. Y otra reforma también supremamente importante es la desregulación. Hay mucha norma inútil que fomenta las oportunidades de corrupción del funcionario que tiene el poder de su firma. Entonces hay que simplificar y hay que hacerse la pregunta: ¿por qué el Estado se tiene que meter en eso? De repente es mejor que lo haga el sector privado.
–Con mayor uso de tecnología.
Por supuesto, sin duda alguna. Por ejemplo, eso es lo que estamos haciendo en la Contraloría. Todo el mundo me dice es que la Contraloría ahora ha crecido, tiene miles de personas. Sí, pero eso es el árbol, no estás viendo el bosque. Lo que pasaba antes es que había más o menos 8500 auditores a nivel nacional, pero de esos en la Contraloría 2500, los otros 6000 eran pagados por las propias entidades a quienes tenían que controlar. Imposible. Cuando nosotros llegamos en el 2017, un tercio de las provincias de las provincias no tenían oficina de control, lo hicimos nosotros. El jefe no era un jefe de la Contraloría, era un jefe de la entidad pagado por el alcalde. Ese modelo se ha resuelto con la reforma y entonces se han absorbido todas esas oficinas de control. Es por eso que ahora la Contraloría tiene ya casi 7500 auditores y ya no se necesitan más porque justamente ahora tenemos la diferencia en que todos están dentro de la Contraloría, todos son capacitados por la escuela, todos pertenecen a la planilla de la Contraloría. ¿Pero eso qué significa? Significa que de dónde sale la plata para poderle pagar a toda esa gente. Porque el tesoro público no me da más plata. Esa plata es la que sale del control concurrente, porque el financiamiento del control concurrente es lo que le permite pagar los sueldos a todos esos auditores que están desplegados a nivel nacional. Es por eso que el proyecto de ley que el día de ayer se ha aprobado en la Comisión de Presupuesto es absolutamente una barbaridad.
–¿Además de la reducción de presupuesto para el control concurrente cómo afectará el trabajo de la Contraloría?
Yo me atrevería a decir que esta es la reforma estructural en el Estado más grande que se ha hecho en las últimas décadas. ¿Y cómo se hace eso sin plata, si el Tesoro público no me ha dado ni un Cristo para eso? Se ha hecho porque se ha creado un mecanismo endógeno de financiamiento, que es justamente el modelo de control concurrente. ¿Y de dónde se obtiene? De cada control se cobra a la entidad controlada., el 2% del presupuesto de la obra. Y con eso financiamos toda la planilla. Ahora se va a limitar al 0.5 y esto implica más o menos una reducción de unos 5000 auditores de un total de 7500. Es verdad que ahora necesitamos menos auditores de los que teníamos antes, pero todos ellos usando tecnología, usando los efectos, los beneficios y los resultados de la inteligencia artificial. Yo mismo he dicho que la Contraloría ya tiene un modelo de operación que puede sostenerse con el 1% que se obtiene del control concurrente. Pero este proyecto de ley baja al 0.5%. Pero además el PL pretende desaparecer la discrecionalidad en el marco de las leyes de presupuesto. Incluso la Ley de Presupuesto de este año permite que el financiamiento que obtenemos del control concurrente sirva para financiar todos los trabajos que tenemos que hacer después del control concurrente, incluso después el control posterior. Con eso financiamos gente de planta de nuestra Procuraduría, por ejemplo. Lo que no termina de entender el Poder Ejecutivo. ¿Cómo en un proyecto de ley con el que quieres gastar más buscas tener menos control? Nunca he visto en mis siete años de contralor que se envíe un proyecto de crédito suplementario un día y al día siguiente se apruebe sin ninguna discusión técnica. Te puedo apostar que los congresistas no tenían ni la menor idea de que existía esa 9.ª disposición complementaria.
–¿Hay una intencionalidad del Ejecutivo?
Por supuesto. Es por eso que estoy enviándole una carta al Presidente del Congreso. Espero que haya mucha mayor reflexión en el proceso de discusión de este dictamen en la Comisión Permanente. Es más, estoy pidiendo yo ir a la Comisión Permanente para poder discutirlo. Esta disposición no me afectará a mí sino al nuevo contralor el próximo año, porque todo el presupuesto de la Contraloría de este año ya está garantizado. El problema va a ser en enero. No se trata de ir al caballazo y sin ninguna discusión técnica tomar decisiones de tal calibre.
–El informe de los Rolex de la presidenta está por salir. ¿Podría haber alguna intención de amedrentar a la Contraloría?
Siempre, el control es incómodo al poder. Eso es natural. Pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Yo voy a seguir siendo contralor hasta el último día en que efectivamente esté el Congreso encuentre ojalá mi sucesor y ojalá que eso sea pronto. ¿Por qué lo camuflan así? ¿Por qué se ha votado en paquete? Aprueben su crédito suplementario, sobre el cual yo no voy a discutir porque no es de mi competencia. Pero quiten la 9.ª disposición.
