El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que formuló el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, para anular la investigación fiscal en su contra por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico en el marco del caso Rolex.
La resolución mostró que el “Wayki” de la presidenta Dina Boluarte pidió que se anulara su investigación debido a que la Fiscalía de la Nación había desacumulado su investigación por haber “prestado” relojes de alta gama y otras joyas a la jefa de Estado.
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Según la tesis de la Fiscalía, estas joyas se habrían dado como pago a las transferencias millonarias que hizo el gobierno central, de forma adicional al presupuesto con el que cuenta el Gobierno Regional de Ayacucho. También se habrían dado para agradecer transferencias pasadas y asegurar desembolsos futuros.
Por ejemplo, se cuestiona la transferencia de S/ 100 000 000 para la ampliación del estadio “Cuna de la Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela” que se ordenó mediante el decreto de urgencia 006-2024.